Walter Ríos y César San Martín
Walter Ríos y César San Martín

“¿Cómo estás, hermano?”, empieza diciéndole el vocal de la Corte Suprema de la República, César San Martín, al tristemente famoso juez del Callao, Walter Ríos. “Te llamo del tema de mi hermana” (sic). El juez Ríos responde, presto, ante la agobiada llamada de su colega. San Martín continúa: “Hasta ahora no se remite la comunicación a Sunarp y a Reniec (…)”. Una vez que Ríos queda al corriente de la situación luego de que su interlocutor le dicta el número del expediente, el magistrado de la Corte Suprema remata: “Presiona, hermano, son cojudeces”. Ante tan reflexiva y perentoria anotación, Ríos se despide comprometiéndose a darle curso inmediato a la solicitud.

Ayer por la tarde, una vez que esta conversación se hiciera pública, el juez San Martín explicó a los medios que se trató de un favor y que no hay ningún acto delictivo en su conversación –usando el mismo argumento que usa el tremendo juez César Hinostroza para justificarse–. Aquí en Perú21, sin embargo, queremos precisar algunos conceptos que parecen haber quedado algo difusos en el audio y en la posterior explicación que el magistrado supremo ofrece: en primer lugar, no son cojudeces. Es el viacrucis que la mayoría de peruanos tiene que pasar cada vez que hace un trámite.

Así, ese “favor” solicitado entre “hermanos” en la judicatura va a requerir una interpretación auténtica y bien creativa del Código Penal. Porque tráfico de influencias significa esto: “El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo (…)”. Eso dice la ley y a los ciudadanos nos la aplican al pie de la letra.

Los magistrados de la Corte Suprema de la República y de la Fiscalía de la Nación deben renunciar, todos. A estas alturas de sus conversaciones –y peor, de sus explicaciones–, es imposible que puedan recuperar la confianza de la ciudadanía. El desprestigio alcanza a ambas instituciones; justos tendrán que pagar por pecadores. Deben irse y abrir paso a una nueva generación. La moral laxa, la falta de escrúpulos, el cinismo y la mentira no pueden ser atributos de jueces y fiscales.