¿Qué es peor, el Covid-19  o la burocracia?
¿Qué es peor, el Covid-19 o la burocracia?

La cantidad de políticos que postulan a las elecciones, desesperados por ocupar un cargo público en su región, en su ciudad, en su distrito; las prebendas que se orquestan al interior de los partidos y de los movimientos al momento de decidir el número que cada uno ocupará en las listas para postular al Congreso; la angurria que les despierta formar parte de una plancha presidencial –hasta se les daña la vesícula– solo para servirse ellos. Ninguno actúa con firmeza para servir al país y a los peruanos, ninguno se la juega para cambiar las cosas que están realmente mal, para acabar con las taras más perniciosas al interior del Estado.

Vivimos un apremio sanitario único en nuestra existencia. El Gobierno reaccionó pronto a la noticia de su virulencia global y declaró estado de emergencia antes que en otros países de nuestro continente. De inmediato, los médicos, las enfermeras, los policías, los militares, los trabajadores de limpieza, de farmacias, de mercados, de supermercados, de bancos, de un sinnúmero de empresas privadas, se sumaron a la emergencia, expusieron su salud, pusieron su tiempo y toda su disponibilidad. Pero los que no se sumaron fueron los burócratas entrenados para admitir procesos, revisar y contar la cantidad de sellos que debe tener un papel antes de obtener un visto bueno en los formatos del Estado.

Comportándose como se comporta un político peruano, el entonces jefe del gabinete, Vicente Zeballos, permitió que la burocracia y toda su tramitología bloquearan las decisiones que hubieran de tomarse. Frente a sus narices, las disposiciones urgentes desde el sector público y las iniciativas salvadoras desde el privado continuaron sometidas a la tiranía de los plazos, los tiempos y los prejuicios de unos funcionarios a los que el propio Zeballos llamó “burdos e insensibles” en el hilo de tuits que le dedicó al presidente Vizcarra cuando este le retiró su confianza.

Fue el premier durante los tres primeros meses de la emergencia y no hizo nada por cambiar el statu quo. No aprovechó la excepcionalidad para anular normas y requisitos ociosos dictados o para otros tiempos o para beneficiar a la corrupción. Todo lo contrario; en el caso del oxígeno donado por la Southern, todo indica que más bien se contagió de la burda e insensible burocracia.

Ayer, Rocío Espino, la directora del Cenares (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud), el ente que demoró en aprobar la donación del oxígeno para Arequipa, reveló que la PCM nunca le comunicó la oferta de la empresa minera. Según refirió, el 8 de junio, ella se enteró de que Southern quería hacer la donación porque “leyó la noticia en una página web”; entonces, dijo, le escribió a la empresa y le pidió que formalizara su voluntad a través de una carta.

La experiencia desgarradora que ha vivido Arequipa por la falta de oxígeno medicinal y por la corrupción en su gobierno regional no puede repetirse en Puno, Cusco, Huánuco, Ica y Ayacucho, donde el COVID-19 avanza a pasos presurosos. ¡No puede replicarse en ninguna otra región del país! Pero se repetirá si todo sigue como está, si cada trámite urgente para agilizar medicamentos u oxígeno sigue pasando por las manos de los burócratas, nacionales o regionales, que en medio de la emergencia no perdonan fines de semana, feriados o fiestas de guardar.

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