(Getty Images)
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El 13 de mayo de 1988, en la zona de Erusco, cerca del centro poblado-comunidad de Cayara en la provincia de Víctor Fajardo, un convoy militar del Ejército fue emboscado por un pelotón senderista. Murieron cuatro efectivos, entre ellos un capitán y 15 quedaron heridos. Se perdieron 10 fusiles FAL y una ametralladora HK.

La represalia no tardó en llegar. Al día siguiente, patrullas militares ingresaron sin miramiento a Cayara en el entendido que de allí procedían los atacantes. Fueron muertos cerca de 40 pobladores considerados como cómplices y enterrados en fosas comunes. Y, después, también algunos testigos de la matanza. Sin embargo, no se recuperó el armamento perdido en la emboscada.

El fiscal especial Carlos Escobar se entrevistó con el presidente Alan García, quien había viajado a Ayacucho por la gravedad de los hechos. Le narró lo que vio en el terreno y escuchó a los familiares. Cuando regresó a Cayara se dio cuenta de que la sangre en las paredes de la iglesia, muestra de la matanza y que le había comentado a García, había sido lavada. También las fosas comunes se encontraban vacías de cadáveres.

El informe del fiscal Escobar involucraba hasta al general José Valdivia, jefe militar de Ayacucho. Escobar cuenta que vio a Montesinos, por entonces reservado defensor de Valdivia, revisar los expedientes del caso en la mismísima oficina del Fiscal de la Nación. Después, Escobar fue amenazado de muerte. Tuvo que pedir, y consiguió, asilo en los EE.UU. Regresó y fue condecorado por la Coordinadora de los Derechos Humanos, y en los años 2009-10 se hizo cargo de la defensa del candidato Humala. Poco después abandonó el caso porque dejó de creer en la inocencia de su cliente. Los familiares de las víctimas todavía esperan justicia.

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