Daniel Salaverry, Miguel Torres, Cecilia Chacón y Rosa Bartra son las opciones de Fuerza Popular. (USI)
Daniel Salaverry, Miguel Torres, Cecilia Chacón y Rosa Bartra son las opciones de Fuerza Popular. (USI)

Es paradójico que haya sido el mismo fujimorismo quien creó la narrativa del “lavado de activos” por financiamiento indebido de partidos políticos. Lo hizo para el caso Humala, apoyándose en un argumento que no solo fue difícil de sustentar en su momento, sino que hasta ahora adolece de varios problemas debido a que nuestra legislación no establece ese tipo penal expreso para la no declaración u ocultamiento de aportes.

El asunto es que terminaron creando una corriente de opinión sobre el tema que ahora les regresa como un boomerang, evidenciando los riegos que se generan con la judicialización de la política y la interpretación de las normas al ritmo del cargamontón de turno.

En un Estado de derecho, a los rivales se les gana en las urnas o con la ley en la mano. Eso incluye el debido proceso que ahora el entorno de KF, con razón, exige. Hablan de presunción de inocencia, derecho a un juez imparcial, derecho a la defensa en libertad, de derechos constitucionales, de derechos humanos y hasta de la CIDH. Todos estos valores e instituciones anteriormente interpretados por los más importantes representantes del fujimorismo como grandes “caviaradas”, pero que, ya vemos, son fundamentales en una democracia, como ellos mismos hoy reconocen.

De ahí la importancia de asegurar y exigir que esos principios se respeten siempre, para los amigos, pero también para los rivales. Es lo justo.

En otro tema, es alucinante que una fiscal le haya pedido al fiscal Domingo Pérez que emita un informe explicativo sobre la contratación de su esposa en una oficina del Estado sobre la que él no tiene ninguna injerencia. Es un salto al s. XIX, cuando el Código Civil establecía que la mujer casada era una suerte apéndice del esposo y era él quien tenía la responsabilidad de responder por ella.