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Los periodos históricos se superponen y la sociedad no tiene capacidad de asimilarlos. Vivimos una etapa post-terrorismo con discursos aún enfrentados. No hay consensos más allá de zanjar con Sendero y sus legados. En medio de esa confrontación de estigmatizaciones (quienes reivindican la desigualdad como origen de la violencia son "terrucos"; quienes defienden a los militares son "fachos"), nos alcanza otra etapa, la del crecimiento económico sin instituciones, donde la delincuencia es la principal preocupación.

No podemos entender el 'éxito' relativo del ministro Urresti sin enmarcarlo en el contexto de post-violencia y demanda por seguridad. Su 'estilo' se ha convertido en un fenómeno político porque sintetiza y legitima la perniciosa herencia del pasado (agresividad en vez de debate, cinismo por reconciliación, estereotipificación simplona del "otro") puesta al servicio de la urgencia por la seguridad. El resultado es una versión antiinstitucional de 'mano dura', menos estatalizada (que en los noventa), más mediatizada (incluyendo redes 2.0) y sin proyecto político (salvo la vía del outsider).

Activistas ponen los reflectores frente a ensayos y reflejos autoritarios (criminalización de la protesta) y a sus instrumentos de lucha 'contrasubversiva' ('investigación' a La cautiva), pero no hay mucho que hacer frente a la vociferación mediática. Así, se arrincona a la prensa en una doble función: de vehículo y de rival ("los dioses del periodismo", Urresti dixit), buscando inhibir su rol crítico y fiscalizador. Mientras tanto, los ciudadanos terminamos cautivos de esta dinámica impuesta desde arriba: el anti-establishment político como el "mal menor" del establishment económico que lo aplaude en CADE.