Pocos casos, poca plata

La filtración de unas páginas del acuerdo de colaboración eficaz que se ha negociado con la brasilera Odebrecht ha provocado críticas, cuestionamientos y diversas especulaciones sobre el convenio. Las voces más furibundas solicitan que no se firme, dicen que la única beneficiada será la empresa, que los fiscales se pusieron de rodillas y que, a cambio, en el Perú se impondrá la impunidad.

Resumiendo, para los opositores al acuerdo, el convenio es una vergüenza; “entreguista”, ha dicho la congresista Beteta; e inútil según Bartra, quien sostiene que “no es cierto que se vayan a conocer a los corruptos”.
La mayoría de los detractores son o están vinculados al Apra y al fujimorismo, pero los hay también en un sector de Acción Popular, el que integran Alfredo Barnechea y Víctor Andrés García Belaunde.

Pero más allá de la gravedad de los tonos utilizados para disentir, o de los intereses que a cada uno le asistan, sus reparos tienen que ver con el monto de la reparación civil que la empresa deberá pagar y con que Odebrecht solo reconozca que pagó sobornos en cuatro de los 29 proyectos que ejecutó en nuestro país.

La constructora ha reconocido que usó el sistema financiero de los Estados Unidos y Suiza para lavar dinero ilegal. Ambos países le han aplicado multas por 96 y 100 millones de dólares, respectivamente. También ha admitido que pagó coimas en México, Guatemala, Panamá, Ecuador, República Dominicana, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Perú, pero solo la mitad de esos países han negociado acuerdos para establecer la verdad y poder sancionar a los responsables locales.

A cambio, la empresa ha solicitado beneficios para sus funcionarios y ha aceptado pagar una reparación civil proporcional a los montos de las coimas que acepta haber pagado.

México, Ecuador, Argentina y Colombia expulsaron a Odebrecht de sus países. Los funcionarios que pagaron los sobornos no han hablado, los corruptos se saldrán con la suya y sus Estados no podrán cobrar un céntimo de reparación civil por tiempos inimaginables. Venezuela es un caso aparte.
Sin embargo, como el Perú, Brasil, Guatemala, Panamá y República Dominicana sí han negociado y podrán conseguir pruebas para procesar a los responsables en sus países.

En la mayoría de los casos, los montos de reparación civil que cobrarán esos países mantienen proporción con las coimas que la empresa acepta haber entregado: en Guatemala pagaron US$18 millones en coimas y pagarán US$17.9 millones de reparación, prácticamente lo mismo.

En República Dominicana dieron US$92 millones en coimas y pagarán US$184 millones de reparación, el doble. En Brasil fueron US$349 millones y pagarán US$961 millones en reparación civil, 2.8 veces más. En Panamá, US$59 millones en coimas y US$220 millones entre reparación y multa, 3.7 veces más. El acuerdo con el Perú contempla que pagaron US$29 millones en coimas y que serán US$204 millones de reparación civil (al cambio, los S/675 millones que a los detractores del acuerdo tanto les apesta) y que representan 7 veces las coimas reconocidas. Es decir, el Perú es el Estado que mejor ha negociado el monto de la reparación civil.

Los que aprueban el proyecto aprecian el compromiso legalizado de la constructora de entregar pruebas documentadas de los sobornos pagados por sus funcionarios en el Perú, los nombres de los bancos, los números de las cuentas, es decir, los destinos donde estos se depositaron. No basta pues con la información del servidor que Odebrecht guardaba en Suiza y que el gobierno de ese país intervino hacia fines de 2016. Esa información está encriptada y, sin la colaboración de los funcionarios de la empresa que la administraba, de poco o de nada le serviría a nuestra Fiscalía para procesar a los que se dejaron corromper traicionando al Perú.

Un pueblo digno no convive con la impunidad.