“Caso Urresti es mal mensaje”

Organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos invocaron al presidente Ollanta Humala que separe del cargo al ministro del Interior, Daniel Urresti, para que responda ante la justicia por los presuntos delitos de lesa humanidad por la muerte del periodista Hugo Bustíos, ocurrida en Ayacucho en 1988.

Voceros del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y WOLA, cuestionaron la decisión del Ejecutivo de ofrecer un cargo a una persona que, como Urresti, es investigada por asesinato.

Con esta decisión, según Viviana Krsticevic, de Cejil, el Ejecutivo "envía un mensaje de irrespeto a la labor del Poder Judicial en combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el Perú".

Para Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF, "este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la Verdad del Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos los responsables. La decisión del presidente Humala de 'evaluar el caso' y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a la independencia judicial y supone 'recompensar' a una persona acusada de estas graves violaciones", dijo.

Similar opinión manifestó Jo-Marie Burt, de WOLA, al indicar que el nombramiento de Urresti "afecta gravemente la consolidación de las instituciones".