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Redacción PERÚ21

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En la campaña del 2011, Humala planteó establecer el juicio de residencia para los ex presidentes. Fue una de las promesas que cumplió. Lo hizo a través de la megacomisión que investigó a Alan García.

La diferencia con las comisiones investigadoras ordinarias es que se le da un mandato para revisar todo lo hecho en cinco años para ver qué encuentra. Es una institución polémica. Por un lado, puede ser un arma importante en la lucha contra la corrupción, pero, del otro, se puede prestar a politización y abusos.

Sea cual fuere la opinión que tengamos sobre esa restaurada institución colonial, lo cierto es que la habrá también para el actual presidente. Y es fácil de identificar aquellos casos que de todos modos estarán en su agenda. Uno de ellos es, qué duda cabe, el de López Meneses, ya que todo parece indicar que no lograremos saber, mientras dure este gobierno, qué cosa turbia ocurría en ese lugar para que se haya dispuesto una vigilancia mayor que la que se le da al presidente.

El otro caso fijo es el que llena ahora nuestras primeras planas, el de Belaunde Lossio, de quien vamos conociendo de a pocos, en su real magnitud, su involucramiento en actividades criminales. Y si con López Meneses hay versiones encontradas sobre su cercanía a la pareja presidencial, con este las evidencias son indubitables: manejó la campaña presidencial de 2006 e intermediaba dineros para Nadine Heredia.

Cuando este personaje cayó en desgracia por el caso Áncash y se supo de su rol en 'La Centralita', el presidente tardó en declarar y, cuando lo hizo, fue muy condescendiente: "Me duele la situación que pasa él, ojalá se aclare prontamente". "Pido a los medios tratar el tema con mayor prudencia, porque se trata de una persona que tiene familia". Ayudaría a evitar acusaciones futuras de que el gobierno lo protegió, y le garantizó impunidad, que la Policía lo capture y entregue a la justicia. ¿Lo hará?