Ni al APRA ni a Fuerza Popular le agrada la idea de que haya dos nuevas bancadas en el Congreso. Según apristas y fujimoristas, la conformación de la Bancada Liberal y Cambio 21 es ilegal y, por ello, el lunes frustraron el debate sobre el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo para declarar en emergencia el Ministerio Público. Haciéndose el digno, Mauricio Mulder dejó la siguiente frase en Twitter: “en la casa de las leyes no se puede violar la ley”
Si Mauricio Mulder fuese un congresista conocido por respetar las normas peruanas, sus palabras no recibirían mayor atención de nuestra parte. Sin embargo, el parlamentario aprista es un legislador que se ha caracterizado por presentar proyectos de ley inconstitucionales. Y no lo ha hecho solo: lo ha hecho con el apoyo de Fuerza Popular, la bancada que hoy busca fungir como garante de la legalidad. La confusión legal alrededor de la creación de las nuevas bancadas, de hecho, tiene su origen en una norma aprobada por el aprismo y el fujimorismo que a claras luces era incompatible con una decisión del Tribunal Constitucional.
El año 2017, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la primera versión de la ley contra el transfuguismo. El fin de la sentencia era salvaguardar la libertad de los disidentes políticos como Alberto de Belaunde o Guido Lombardi. Sin embargo, luego de la decisión del TC, el Congreso promulgó ‒con los votos del APRA y Fuerza Popular‒ una segunda ley antitransfuguismo que no permitía a los disidentes políticos formar nuevas bancadas. Esta segunda ley antitransfuguismo, que sacaba la vuelva a lo dispuesto por el TC, motivó una segunda sentencia que aclaró lo evidente: el Congreso no estaba cumpliendo con lo dispuesto por el máximo ente de justicia de nuestro país. Aún más: el TC autorizó a Daniel Salaverry para que permita la formación de nuevas bancadas.
El APRA, junto al fujimorismo, han convertido al Congreso en una casa en la que el derecho peruano no se respeta. No solo en cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la ley que impedía el transfuguismo, sino también en lo referente a la prohibición de la publicidad estatal en medios privados y la ley que modificaba la cuestión de confianza. Estas dos, normas manifiestamente inconstitucionales. Que ahora Mulder y el fujimorismo quieran mostrarse como garantes de la legalidad es, cuanto menos, incoherente con su actuar a lo largo de estos dos años y medio.