El pleno del Congreso deberá debatir y votar el texto aprobado en la Comisión de Constitución. Expertos comentaron que la iniciativa requiere ajustes. (Foto: Pavel Ugaz/GEC)
El pleno del Congreso deberá debatir y votar el texto aprobado en la Comisión de Constitución. Expertos comentaron que la iniciativa requiere ajustes. (Foto: Pavel Ugaz/GEC)

Por fin el Congreso logró cerrar los espacios de interpretación de la ley que regula las reformas constitucionales. Ahora queda claro que todo cambio a la Carta Magna pasará por el Congreso de la República y no servirá el antojo de convocar a un referéndum para saltarse al Poder Legislativo.

La aprobación del dictamen ha generado, como era previsible, reacciones iracundas en todos los sectores del oficialismo y afines. Ni sus voceros ni su prensa han parado desde ese día de vituperar el definitivo funeral de los tan cacareados cambios que pretendían introducir en la Constitución peruana.

La norma modifica la ley de los derechos de participación y control ciudadano, y, en el artículo 40, se incluye un texto en el que se señala que solo se podrán someter a referéndum reformas constitucionales que respeten el artículo 206 de la Constitución, donde se indica, expresamente, que “toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros”. Y el artículo 44 precisa que un referéndum sobre una eventual reforma constitucional debe ser convocado por la autoridad electoral siguiendo una “disposición del Congreso”.

El oficialismo se ha compactado en una grita en la que se refieren a esta ley interpretativa como un recorte de derechos ciudadanos, argumento insostenible, ya que, como sostuvo el constitucionalista Aníbal Quiroga en Perú21, lo aprobado en el Pleno se limita a fortalecer lo que ya estaba estipulado en la Constitución: “Siempre ha sido así; lo que pasa es que quienes buscaban la Asamblea Constituyente hicieron una interpretación inversa para darle viabilidad al referéndum”.

Obviamente, todavía le queda un buen trecho de recorrido a la norma, pues el presidente puede negarse a firmar la autógrafa, pero, a su retorno al Congreso, este seguramente terminaría promulgándola por insistencia. La ruta del Tribunal Constitucional tampoco resulta muy viable para el oficialismo, pues necesitarían al menos el 25% de votos en el Parlamento, cifra que están ciertamente lejos de lograr.

Así, finalmente, se viene abajo otra de las absurdas banderas electorales que levantó este Perú Libre que sigue haciendo agua por todos lados.