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Santiago Pedraglio,Opina.21spedraglio@peru21.com

El Ejecutivo no da señales de comprometerse a fondo con el cambio de esta situación. Los gobiernos regionales y provinciales –también les toca– no modifican sus políticas ni aplican intensos programas correctivos.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) parece no darse abasto. Por si fuera poco, según informa, "cuenta con 13 medidas cautelares (…) dictadas por jueces que desconocen los reglamentos vigentes y anteponen los argumentos del derecho a la empresa y el trabajo". Cinco son "en favor de empresas de transporte terrestre de pasajeros"; es decir, anulan sanciones que buscan proteger la vida.

Sutran informa que, por ejemplo, internó un vehículo que circulaba con pasajeros en la ruta Tacna-Ilo sin tener autorización para el "transporte regular de personas", y retuvo la licencia del conductor. Pero una jueza de Tacna emitió una resolución (9.10.2013) que mandó "la liberación del vehículo y devolver la licencia de conducir", en aras del "derecho de propiedad, del libre tránsito y la libertad de trabajo". Casi como diciendo "no importa que mates, sigue trabajando (hasta que te mates)".

Luchar contra la informalidad y la ilegalidad no solo significa dar la pelea contra el narcotráfico o la minería ilícita. Implica superar la autocomplacencia y la apatía –de gobernantes y de gobernados– frente a innumerables prácticas vinculadas a la producción, el comercio y el transporte. Es urgente hacerlo, venciendo resistencias de todo calibre (como la que impide clausurar La Parada, a pocas cuadras de centros simbólicos del poder estatal: la Plaza de Armas y la Plaza Bolívar). Acostumbrarse a la muerte de los suyos es lo peor que le puede ocurrir a una sociedad, y la informalidad en el transporte está cobrando vidas demasiado a menudo.