Paro agrario en el distrito de Chao, provincia Virú, región La Libertad. (Foto: Larry Campos)
Paro agrario en el distrito de Chao, provincia Virú, región La Libertad. (Foto: Larry Campos)

Por Jorge Melo Vega Castro

En junio pasado, la OCDE presentó un estudio sobre políticas públicas en Perú y destacó que el país contaba con un completo marco legal, pero las normas no se cumplían. Esa sencilla reflexión desnuda y confirma nuestra precaria institucionalidad. La administración pública, sus funcionarios, no son capaces de cumplir sus obligaciones y menos de hacer cumplir la ley. Esa falta de diligencia pone en riesgo a los ciudadanos ante la ausencia de autoridad. Precisamente hace pocos años, a raíz de los bloqueos de la carretera por el proyecto Tía María, en Arequipa, el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia señaló que juzgar a los responsables “no contribuye a la paz social”, ofreciéndonos el mejor testimonio que grafica nuestro marco institucional.

Esa es la frase de la inacción. La tiene interiorizada el juez, el fiscal, el alcalde, el policía, los ministros y congresistas; hacer cumplir la ley –que es el trabajo por el que se les paga– no contribuye a la paz social. Y es allí también donde radica nuestra informalidad, en la falta de cumplimiento del administrador y del administrado. Pero los ciudadanos necesitan la protección de sus derechos humanos y para ello el mundo civilizado se ha organizado y creado al Estado. El derecho a la vida y el derecho a la libertad individual son los principios que nos sacan de las cavernas y nos convierten en ciudadanos; sin embargo, hoy estamos en esa disyuntiva al no existir la protección a esos principios.

La protesta es un derecho reconocido en nuestra legislación y en las normas internacionales, y los Estados están obligados a respetarla. Pero cuando esa protesta sobrepasa sus legítimas reivindicaciones y constituye un peligro para la sociedad, afectando la vida, la libertad y patrimonio público y privado, se convierte en acto delictivo que tiene que ser sancionado. Si no se sanciona, es el propio Estado el que entra en complicidad, debido a que la tolerancia promueve el accionar delictuoso.

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La Defensoría del Pueblo indica que en los últimos cuatro años se han incrementado las protestas sociales con bloqueos de vías, que –como lo ha recordado el presidente Sagasti– constituyen delitos. Al 2019 se han dado cerca de cinco bloqueos por semana, cifra que seguramente se habrá superado el pasado 2020. Los impactos que generan estos bloqueos son inmensos, impedir la circulación de personas y vehículos con actos de violencia ha terminado con víctimas mortales y grave daño a la economía de los más pobres. Ocurre con la producción agrícola, los alimentos, con el acopio de la leche de campesinos de zonas alejadas, con la logística para las operaciones productivas o el transporte de minerales; fuente principal de la caja del propio Estado.

Protestas con bloqueo de carreteras.
Protestas con bloqueo de carreteras.

No debemos tolerar que las autoridades renuncien a sus obligaciones de hacer cumplir la ley. Es tarea del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía y el propio gobierno actuar y no valorar si es políticamente correcto hacer su trabajo. Su obligación es la de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos.

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