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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Comienza el segundo año del gobierno y el mensaje de 28 de julio del presidente hace pensar que este segundo año será bastante similar al primero, pero, por suerte, con una mejor situación económica.

En un país con alta desigualdad, el crecimiento ayuda, pero es insuficiente para asegurarles a todos los ciudadanos un ejercicio pleno de sus derechos, acceso a oportunidades y un desarrollo sostenido.

Por ello, la propuesta de una revolución social es central. La inversión en agua y saneamiento es buena, pero sola es insuficiente. Se necesita que ese hogar que se conecta al servicio de agua reciba también un mejor servicio de salud, que tenga un camino para ir al mercado, una economía que le permita para pagar su tarifa de agua, una escuela cada vez mejor, un transporte público seguro, y así. Se trata de lograr que cada persona pueda enfrentar sus desafíos en las mejores condiciones.

En este segundo año necesitamos conocer cómo se implementará y con qué métrica podremos dar seguimiento a esta revolución. No cuántos millones se invierten o se presupuestan, sino indicadores sobre los cambios en la vida de las personas más vulnerables. La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) podría hacerlo a partir de los indicadores que el ministro Zavala presentó en la CADE en 2016. Podría identificar algunos indicadores líderes para ver cómo esta revolución transforma la vida de los peruanos que enfrentan las mayores exclusiones.

Al gobierno debería interesarle mostrar que se preocupa por los peruanos que enfrentan la mayor pobreza, vulnerabilidad y exclusión. Quizá este monitoreo a la revolución social le permita iniciar ese proceso.