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Con el atentado –explosión de una granada de guerra– en plena función de un circo en San Juan de Lurigancho, con heridos y todo, hemos pasado a una nueva etapa de la extorsión armada. En un inicio, los facinerosos conseguían que una persona conocida cediera al chantaje mediante la entrega silenciosa del dinero. Pero la cosa empezó a escalar. Creció la demanda para obtener información válida de peces más gordos y también del dinero necesario para el éxito de "la operación". Cuando comenzaron las denuncias públicas, los delincuentes no se amilanaron sino que contrataron a jóvenes dispuestos a matar o detonar un explosivo.

Algunos catalogan a estos hechos como propios de terroristas. El tema es discutible; el término terrorista se usa para calificar las acciones criminales con objetivos políticos que buscan generar temor en la población. Así se les llama a los extremistas en casos de la subversión armada y también se llama "terrorismo de Estado" cuando la represión del gobierno no se sujeta al derecho internacional humanitario.

Aunque, como en el caso del Estado Islámico, se confunde el fundamentalismo religioso con un atemporal objetivo político, y en el caso de la guerra de los Balcanes el ultranacionalismo y la "limpieza étnica". Pero el terrorismo siempre se relaciona con un crimen que tiene algún objetivo político.

En cambio, la extorsión armada que comentamos es una acción criminal que busca atentar contra la víctima, sus negocios o intereses –sin preocuparse por la vida de otros– con el objetivo de obtener un beneficio económico. El interés político no aparece. Pero, cuidado, no se quiera entender que es un delito de menor gravedad que el terrorismo. Es diferente, y por eso requiere de la acción especializada y eficaz de la policía; como se sabe, nuestras Fuerzas Armadas. están entrenadas para cumplir otras tareas.