Carlos Tapia: Narcotráfico y política

De manera creciente, los medios y la opinión pública aceptan como un duro dato de la realidad que la política en nuestro país –particularmente en ciertas candidaturas– se muestra ligada al lavado de dinero. Así se habla de la "infiltración" del narcotráfico en la política, en los ámbitos regional y nacional. Ya el candidato Ollanta Humala hablaba que caminábamos a ser un "narcoestado".

Es Jaime Antezana, analista y experto en este tema, quien reiteradamente ha señalado el número de candidatos presidenciales comprometidos en esta sucia relación. Hasta ha llegado a definir las etapas por las que habría pasado este proceso de "blanqueo" del ilícito dinero como paso previo a la actual situación. Le falta ofrecernos los nombres.

Sin embargo, queda flotando una pregunta: ¿para qué un narcotraficante necesitaría involucrarse tan cerca y peligrosamente con las vicisitudes del poder político? ¿No sería exponerse a ser descubierto por la investigación periodística? ¿Acaso en las actuales condiciones, no gozan ya de la corrupta protección de ciertos funcionarios, civiles y uniformados, que pasan caleta?

Por ejemplo, durante el gobierno anterior, una simple instancia técnica del Ministerio de la Producción se demoró más de tres años en aprobar el reglamento de la ley que impedía el ingreso del kerosene a las zonas cocaleras. Las enmarañadas justificaciones legales fueron muchas, pero lo cierto es que durante ese lapso continuaron saliendo 600 t de cocaína del Vraem. Lo mismo sucedió con la tardanza, por años, en la compra del famoso scanner para el control de insumos para la droga. Así, en nuestro país es muy fácil y barato bloquear una acción antinarcóticos.

De otro lado, ¿acaso se requiere un presidente narco para que malos jueces, miembros de la Policía y pilotos de helicópteros se pongan al servicio del narcotráfico?