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La frágil tranquilidad que se vive en el valle de Tambo, en Islay, es un período de falsa paz. El Estado aprovecha la situación para hacer lo suyo; la empresa juega a lo que tiene experiencia; las lentejas desfiguran a las izquierdas; el lumpen avanza; los muertos en sus tumbas y los agricultores se dedican a sus tardías cosechas. Pero con el paro programado por la región Macro Sur, sin querer queriendo, la violencia pudiera tener repercusiones inesperadas ¿Por qué no se quiso el diálogo?

Aprovechemos estos días de atrincheramiento, ahora pasivo, de las posiciones en pugna, para reflexionar sobre un tema que está pasando caleta, pero que tiene también que ver con la aguda contaminación ambiental, la afectación de cultivos y la deforestación de amplias áreas de tierra. Nos referimos a la minería ilegal.

El valle de Tambo cuenta con 13 mil hectáreas cultivadas, la mitad de arroz, que podrían ser amenazadas por la contaminación del proyecto minero de Tía María. Aproximadamente 6 mil productores serían perjudicados.

En cambio, solo en Madre de Dios 50 mil hectáreas han sido deforestadas como consecuencia del uso de ácido sulfúrico y mercurio por parte de la minería ilegal. Se estima que en Arequipa existen 17 mil mineros ilegales, y en todo el país suman cerca de 300 mil (en 15 regiones), de los cuales apenas 70 mil declararon su interés en formalizarse. Y de estos, solo 300 lo lograron, es decir solo uno de cada mil.

Este lucrativo e ilegal negocio contaminador permite que 60 empresas exporten oro de procedencia ilegal (22% del total del oro exportado), que obtengan US$1,000 millones de utilidades y evadan impuestos por US$305 millones.

El Estado no ve la manera de formalizarlos y, entre otras muchas cosas, evitar que siga creciendo la contaminación. Aquí, también tenemos un gran reto que muchos se niegan a ver.