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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

En plena discusión acerca de las posibles alianzas electorales –y los análisis en torno a quiénes pasarán a la segunda vuelta– en una pequeña nota periodística se informa de la presencia en la capital de una delegación de campesinos huancavelicanos, que exigen justicia y reparación por la 'desaparición' de 15 familiares ocurrida el 4 de julio de 1991, como producto de la cruel acción criminal de una patrulla militar en la comunidad de Santa Bárbara.

Fueron dos familias sospechosas de colaborar con el terrorismo; asesinadas a mansalva, sus cuerpos dinamitados y los restos diseminados con el objetivo de ocultar la masacre. De las 15 víctimas, siete eran niños y niñas menores de seis años. Solo comparable con la matanza realizada por los terroristas con decenas de campesinos en la comunidad ayacuchana de Soras en 1984.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) había identificado cerca de ocho mil desaparecidos.

Sin embargo, actualmente, de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal (IML), encargado del trabajo antropológico-forense, calcula en 15,700 los desaparecidos en todo el país.

Esta cifra fue presentada por el Estado peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a inicios del año 2012, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hasta el 2014 se han logrado exhumar 2,064 cuerpos, 13% del total; entonces, se requerirían 80 años para recuperar las 14 mil víctimas restantes. El Instituto de Medicina Legal ha presentado una propuesta para acelerar este proceso.

Pero el Estado no le otorga los recursos necesarios. Mientras, los deudos esperan que se ubiquen y entreguen los restos de sus familiares, enterrarlos y terminar su interminable duelo.

¿Algún candidato presidencial propondrá una iniciativa al respecto?