Foto: USI.
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Autor: Diana Hidalgo.diana.hidalgo@peru21.com

Luego de ser archivado varias veces, en mayo de este año la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional resolvió reabrir la investigación del caso sobre esterilizaciones forzadas, en el que se denuncia que miles de mujeres, principalmente de la sierra del Perú, fueron esterilizadas sin su consentimiento, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado en el segundo gobierno del presidente Alberto Fujimori (1996-2000). El abogado Carlos Rivera, coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal (IDL) y asesor legal de las víctimas, analiza y opina sobre este caso.

¿Por qué el Ministerio Público ha archivado tantas veces este caso?Las razones han sido más políticas que legales. Existen suficientes evidencias para que el Ministerio Público formule, inclusive, una denuncia penal ante el Poder Judicial. Porque no es posible encontrarle una racionalidad desde el punto de vista probatorio o legal. El delito está demostrado y está demostrada la responsabilidad penal de las personas que han sido investigadas.

¿Cómo así ha sido posible reabrirlo? ¿Se han encontrado nuevas pruebas o nuevos indicios?Se reabrió porque el fiscal Luis Landa recibió una queja sobre la decisión previa que el fiscal Marco Guzmán Baca emitió, en enero del año pasado, de archivar el caso. Nosotros consideramos que fue una decisión irregular y que no tenía ningún elemento de valoración de los acontecimientos y presentamos una queja. Landa evaluó el tema durante siete meses y concluyó en que el archivamiento definitivo de Guzmán Baca fue irregular.

¿Cuáles son las principales pruebas concretas que indican que existieron estas esterilizaciones forzadas y que fueron parte de una política de Estado del segundo gobierno de Alberto Fujimori?Los testimonios de las víctimas en primer lugar. Son testimonios de cientos de mujeres que dan cuenta en sus declaraciones de la forma amenazante y de coacción por la cual fueron esterilizadas. Lo otro es la prueba documental que el propio Ministerio de Salud acreditaba los programas y planes que se decidieron desde la alta dirección de esta institución para las esterilizaciones.

Hace algunos días se realizó un foro en el Congreso de la República donde se presentaron los testimonios de algunas de las mujeres que denuncian ser víctimas de estos hechos, ¿qué revelaron estos testimonios tantos años después de los hechos?Revelan que el sistema de justicia lamentablemente les ha dado la espalda. Han pasado 18 o 20 años de estos delitos y no se ha podido romper la lógica de impunidad, y ha existido un sistema de justicia que les ha dado la espalda a estas miles de mujeres violentadas.

¿Por qué se ha pedido ahora declararlo complejo?La complejidad del caso radica en la gravedad del delito y la cantidad de las víctimas. Esos dos elementos serían suficientes como para declararlo complejo, pues es un delito de lesa humanidad y son miles de víctimas. Pero más allá de la declaración formal de complejidad, resulta más importante la decisión y la voluntad con la que el Ministerio Público asuma la investigación y la valoración de las pruebas que hay en el expediente de este caso.

El fiscal Landa determinó otorgar un plazo de investigación preliminar de tres meses para este caso, que ya está por cumplirse ¿Es suficiente o se va a solicitar una ampliación?No es suficiente. Y creo que Marcelita Gutiérrez, fiscal a cargo del caso, va a tener que disponer una ampliación. El expediente tiene 65 tomos. Ella hasta el día de hoy no ha convocado a ningún acto de investigación, me imagino que porque sigue revisando el expediente. Dentro de poco se cumple este tiempo y entonces se debería pedir una ampliación de oficio. Por lo menos por seis u ocho meses.

La reapertura de este caso podría volver a colocar en condición de investigados al ex presidente Alberto Fujimori y a los ex ministros de Salud Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer. Usted dice que no hay que politizar el caso, ¿pero ello no puede generar alguna presión política de uno u otro lado?Si ven la necesidad de desarrollar actos de presión política, como lo han hecho cuando comienzan a declarar como políticos pero defendiéndose de una investigación de carácter penal, eso hay que considerarlo un elemento de presión política. Sabemos que Fujimori se defiende con sus abogados, pero sobre todo se defiende políticamente.

¿Es correcto que si, finalmente, se acepta una acusación penal contra Fujimori por este caso, el Estado peruano tendría que pedir un pedido de ampliación del cuadernillo de extradición ante el Tribunal Superior de Chile?Sí, obligatoriamente. Salvo que Fujimori decida allanarse a la imputación, pero él ya declaró en diciembre del año pasado que no tiene nada que ver con esto.

¿Cuál se espera que sea ahora la respuesta del Estado?La única respuesta que puede reparar mínimamente a las víctimas es que el Ministerio Público formule una denuncia, que el Poder Judicial abra un proceso penal y que se señalen las responsabilidades que tengan que señalarse por estos delitos.

AUTOFICHA

  • "El expediente de este caso está más de 13 años en el Ministerio Público. Es demasiado tiempo para una investigación y ha sido responsabilidad de esta entidad judicial, de no formular en ningún momento una denuncia penal con todas las pruebas de por medio".
  • "La Fiscalía debe realizar una valoración de lo que existe en el expediente de la investigación. Poder analizar todos sus elementos: declaraciones de las víctimas, exámenes médicos y la amplísima documentación del Ministerio de Salud".
  • "La investigación y decisión del fiscal Guzmán Baca principalmente consideró que los acusados de este caso dijeron que no tenían nada que ver. Esa conclusión la acepto del abogado de la defensa, pero no del fiscal del Estado, que es encargado de evaluar todas las pruebas".