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Parte de la explicación del desastre que es hoy nuestra política y del deterioro constante en nuestras instituciones tiene que ver con las reglas para las elecciones. Si no se ejecutan reformas urgentes, tengamos por seguro que el próximo periodo vamos a tener la misma mediocridad, más otoronguismo, mayor penetración criminal y peor calidad de la gestión pública. Los cambios dependen de un Congreso que es hechura de ese sistema que necesitamos cambiar y, por eso, las reformas indispensables no han sido siquiera abordadas.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, junto con los de la ONPE y Reniec, viene insistiendo en algunas medidas indispensables para las cuales todavía hay tiempo si el Congreso realmente quisiera ponerlas en práctica. Curiosamente, tanto el presidente de la República como el presidente del Congreso han manifestado que esto es prioritario. Hay, pues, una pequeña ventana de oportunidad para que estos cambios se produzcan, antes de octubre, en que ya el proceso se echa a andar y no hay ya cambios posibles.

Las principales medidas a aprobar pasan por la eliminación del perverso voto preferencial, que pone a los candidatos a competir con los de su misma lista, algo que, en no pocos casos, ha llegado al fraude en mesa y que, en la mayoría, ha significado la primacía del dinero, casi siempre sucio.

La eliminación del voto preferencial tiene que venir acompañada de elecciones internas democráticas, fiscalizadas por la ONPE, para que las bases puedan elegir a sus candidatos, sean estos militantes o invitados.

En tercer lugar, se les tienen que dar reales atribuciones a los organismos electorales para sancionar el incumplimiento de las normas. En particular, las referidas a la rendición de cuentas de los aportes de campaña, cuyo incumplimiento debe llevar incluso a la disolución de los partidos.