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Los fujimoristas están indignados por la denuncia contra Joaquín Ramírez, la que consideran un ataque vil a su candidatura a pocas semanas de las elecciones. Pero, si Keiko Fujimori hubiera actuado cuando la procuradora Julia Príncipe pidió el levantamiento de inmunidad para su secretario general, en noviembre del 2014, nada de esto estaría ocurriendo.

Nuestros políticos tienen una creciente tolerancia a la presencia de elementos de dudosa trayectoria y solo reaccionan cuando la opinión pública se entera y se indigna. Aceptan el pecado, pero no el escándalo.

Eso es serio. Nuestra política está cada vez más atravesada por la corrupción y cada vez más individuos se meten en los partidos por protección o por prebendas.

Muchas veces estos individuos se convierten en financistas de las campañas. El daño es monumental. Ya tenemos demasiados indicios de que el crimen organizado crece y de su penetración en el Estado. Tenemos los casos de las regiones Áncash, Tumbes y quizás el Callao; también la mafia de Rodolfo Orellana y sus "amigos" en el Congreso y en otras instituciones. La lista es larga.

Y no solo en el fujimorismo. El Apra y el PPC no tuvieron problema en aliarse en estas elecciones con Iván Vásquez, de Fuerza Loretana, cuya historia de acusaciones de corrupción no es reciente y para quien la Fiscalía pide 17 años de prisión.

El Partido Nacionalista llevó al Congreso en su momento a Nancy Obregón, hoy presa por narcotráfico. La lista es larga.

Ahora tenemos un caso mucho más grave. Varias investigaciones periodísticas señalan que el alcalde fujimorista de Tocache está investigado por narcotráfico, coludido con su primo hermano 'Eteco', a su vez investigado por la DEA por encabezar una red de narcotráfico internacional.

Les será difícil de creer a los fujimoristas, pero algunos actuamos no por cálculos electorales, sino porque estamos muy preocupados por la penetración criminal en el Estado.