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Tengo memoria política de las elecciones desde la Constituyente el 78. Y no me queda duda que estas son las más enredadas y complicadas que recuerdo. Ni siquiera las del 2000 se asemejan. En aquella ocasión era clarísimo, para la mitad del país, que al estilo Chávez-Maduro estaban estructuralmente viciadas y eran fraudulentas. La otra mitad miraba al costado.

¿Cómo así terminamos en este predicamento?

La verdad es que las cosas venían bien complicadas desde hace mucho tiempo. La crisis política institucional y de representación es muy profunda. Fracasaron todos los intentos de convencer a los congresistas de que había que cambiar las reglas para las elecciones o íbamos a un desastre. No sólo se rieron en nuestras caras, sino que empeoraron las normas con resultados que hoy padecemos.

Ollanta Humala no quiso estar ausente e irresponsablemente postergó hasta la fecha más cercana, legalmente posible, la convocatoria de elecciones y demoró hasta el último día disponible la aprobación de la nueva ley de partidos políticos.

El Jurado Nacional de Elecciones tuvo su primer traspié cuando tuvo la torpeza de preguntarle al Congreso qué norma debía aplicar en estas elecciones, dado que ya estaba iniciado el proceso. Si la antigua o la nueva. Lo hizo cuando la Constitución establece claramente que ellos son los únicos llamados a decidirlo. Ibérico le dio un portazo a Távara y empezó el descrédito

Hubo también una enorme dosis de mala suerte. Quien podía pensar que un candidato como Acuña iba pervertir desde el inicio mismo el proceso electoral con trampas en la publicidad que fueron sancionadas tardísimo (y cuando su decisión ya no tenía ningún efecto) por el Jurado Electoral Especial de Lima, dándonos una idea de la tortuga que teníamos a cargo.

Quien iba a sospechar que el proceso contra Julio Guzmán, un candidato que no pudo ni siquiera inscribirse correctamente, iba a ser visto y resuelto, ya en medio de las elecciones y cuando éste estaba en segundo lugar; polarizando al país, con cual fuera que fuese la decisión que se tomase y creando la imagen de una decisión fraudulenta.

No creo que haya un fraude, si por fraude se está entendiendo, una o varias manos negras manipulando a voluntad las decisiones de los jurados. A la vez estos no ayudan mucho a su propia legitimidad con decisiones contradictorias, alambicadas y tardías. Tampoco ayuda que no sean en su gran mayoría los mejores y más respetados juristas del país; por el contrario, varios entre ellos arrastran cuestionamientos severos. De ellos dependió el destino de este proceso, como nunca antes en nuestra historia. Y en sus decisiones está ahora el futuro del Perú. No los siento a la altura de las circunstancias, pero tampoco hay nada que hacer ahora frente a esa realidad.

Pero también el ramillete de candidatos que nos ha tocado ha influido mucho en este despelote, en ésta decepción adicional que vivimos los ciudadanos y que hace que a 20 días de votar haya un 40% de los electores que digan no tener completamente seguro de por quién hacerlo.

Empecemos de abajo para arriba.

Daniel Urresti (entre "otros" y el 2%): ya fuera de la campaña afortunadamente para el país, pero que da cuenta de hasta qué punto la política ha sido degradada por el propio partido de gobierno; que puso como su candidato a una persona que está siendo actualmente juzgado por el homicidio de un periodista y sindicada por una mujer como la persona que lo violó.

Hernando Guerra García (entre 0,5% y 1%): se pasó sin escalas de un partido de izquierda a uno de derecha y dijo que por eso cambió sus convicciones liberales por conservadoras. Ahora su financista y candidato al Congreso José Luna (un personaje demasiado parecido a César Acuña, como para pasar desapercibido) está a punto de ser expectorado por dádivas y Luna a punto de expectorarlo a él.

Alejandro Toledo (entre 0,8% y 1,8%): había muerto con ECOTEVA y en campaña demostró su estado actual pidiendo una entrevista en estado etílico a RPP o, anunciando con comba en mano, que matará a la candidata Fujimori. Cuesta pensar que fue presidente.

Gregorio Santos (entre 1% y 2%). Baste decir que está preso en Piedras Gordas, por graves actos de corrupción, por los que el fiscal ha pedido una pena de 24 años.

Alan García (entre 4% y 7%): repudiado por los petroaudios y los narco indultos, empezó su campaña con un plagio de su plan de gobierno. No lo incomodó, más adelante, incluir en sus listas a procesados del comando paramilitar Rodrigo Franco. Hoy, sin éxito, ofrece a todos, todo, a cambio de un voto. Parece a la espera de que caigan todos, para ver si con ello lo consigue.

Verónika Mendoza (entre 7% y 12%): la podríamos definir como la intocable. Todos los candidatos deben ser expurgados e investigados, menos ella, ya que si eso ocurre es una campaña de los poderosos para desprestigiar a la "candidata popular". Tiene una oportunidad de oro en demostrar que su letra no está en las agendas y crecer como la espuma, pero ha escogido la estrategia de Nadine (por algo será). Puso a una narco indultada y al menos un filo MRTA en sus listas parlamentarias

Alfredo Barnechea (entre 12% y 14%): dado que todo lo que ocurre lo coloca con altas posibilidades de ser presidente, estamos obligados a ver su plan de gobierno y al hacerlo encontramos ¡33 paginas a doble espacio y con letra grande para gobernar un país! Un párrafo sobre minería y conflictos sociales. Media página sobre qué hacer con la Policía. Nada sobre varios temas. Todavía no presenta un equipo mínimo de plan de gobierno.

PPK (entre 15% y 18%): estaba en nada y la salida de Guzmán lo colocó a tiro de piedra de la presidencia. Pero la irresponsabilidad lo liquida. Entrego dádivas en campaña electoral. Está filmado. Encima caña y coca, como en los tiempos de los gamonales. Tampoco fue demasiado prolijo con los candidatos al Congreso y dejó hacer al joven Violeta que permitió participen varios de los sospechosos de siempre, aquellos que abundan en casi todas las listas.

Keiko Fujimori (entre 31% y 35%): no ha cambiado. Baste con decir que el secretario general de su partido tiene un pedido pendiente de levantamiento de inmunidad parlamentaria por lavado de activos y no pasa nada. El informe de Perú21 sobre los "métodos de financiamiento en su campaña" es demoledor y se parece demasiado la historia de los Nacionalistas como para no alarmarse. Además, una docena de parlamentarios del fujimorismo, o ya han salido, o están en riesgo de hacerlo por dádivas, entre ellos su candidato a vicepresidente. Ella misma está envuelta en una situación de ese tipo y su candidatura está en juego. Ha mentido sobre Factor K como lo prueba el vídeo de Harvard y ha mentido sobre la militancia de Pichilingue, como lo prueba la foto de La República.

Y nosotros que pensábamos que Ollanta Humala y Nadine Heredia eran ya el colmo de la desfachatez, la mediocridad y la frivolidad. Pues no, no son la excepción y sólo confirman la regla.

La situación es muy grave y se va a poner peor conforme se acerquen las elecciones. Las consecuencias políticas serán tremendas en el caso de que se quede Fujimori o que salga. Si la sacan el concepto mismo de elegir pierde mucho sentido, habría salido casi el 50% de la intención de voto; o casi el 65%, si excluimos a PPK. Si se queda en contienda aumentarán exponencialmente las acusaciones de fraude y el clima de tensión y polarización en el país. Una marcha nacional contra ella se prepara para el 5 de abril, aniversario del golpe de estado de su padre.

A estas alturas pueden terminar saliendo Fujimori y PPK o ninguno de los dos o alguno de ellos. Y quizás hasta tengamos algún nuevo caso en los próximos días. En el específico de PPK, no queda claro, siquiera, que habrá tiempo para resolver antes de los 10 días finales en los que ya no se puede sacar a ningún candidato.

Agreguemos que la cédula electoral será sólo un referente lejano de la realidad, porque además de los que están con pedido de exclusión, hasta una semana antes podrán renunciar todos aquellos que quieran conservar la inscripción. Y vaya que esa franquicia vale oro para algunos.

Entretanto Nadine Heredia pone gasolina al fuego, todos los días, tratando de enturbiar aún más el proceso y su esposo firma documentos en los que cuestiona al Jurado Nacional de Elecciones. O sea, el jefe del Estado, el máximo responsable de garantizar la transparencia y equidad en las elecciones, pone por escrito que estas están siendo trampeadas por el Jurado. Quizás lo haga sin darse cuenta de lo que está diciendo, pero eso no aminora el problema y quizás hasta lo aumenta.

¿Hay salida? Algunos hablan de postergar las elecciones por un par de meses, cambiar al jurado por uno plenamente confiable, permitir que todos participen y afinar las reglas y los plazos de las normas existentes. Eso exigiría un inmenso consenso nacional de todos los actores políticos en contienda, de todos los poderes del Estado y del Jurado Nacional de Elecciones.

O sea algo que no va a ocurrir.