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Lo que está ocurriendo en San Marcos en estos días no es una mala noticia. Al contrario, son los últimos coletazos de un grupo de rectores que decidieron que la ley no era para ellos.

Hace poco más de un mes estaban envalentonados y promovían la muy bien bautizada 'ley Cotillo'. Es decir, una que bloquease la normativa vigente para favorecer a los rectores que querían atornillarse en el cargo.

Todo parece indicar que tenían los votos. Después de todo, el de las universidades 'discutibles' es el lobby (visible) más poderoso del Congreso. Si no, pregúntenles a los congresistas Joaquín Ramírez y Reber Ramírez, sobrinos de Fidel Ramírez, dueño de Alas Peruanas; a José Elías, dueño de la San Juan Bautista de Ica; a Richard Acuña y Virgilio Acuña, hijo y hermano del dueño de la César Vallejo; así como a José Luna, dueño de la Telesup.

Afortunadamente, una combinación de fuerte presión de la opinión pública y la cercanía del proceso electoral logró que desistieran de la iniciativa. Luego vinieron sus derrotas sucesivas en el Tribunal Constitucional y el Poder judicial. Ahora, más allá de sus bravatas, están aislados.

Toca imponer el respeto a la ley. Cotillo está en flagrante delito (lo confirmó el destacado penalista Luis Vargas Valdivia en RPP). Y la Sunedu ya lo ha denunciado en el ámbito penal (lo dijo su titular en La hora N).

Si a una señora exaltada y prepotente la han castigado (desproporcionadamente) con casi siete años de prisión por insultar y cachetear a un policía, ¿qué debe pasar a quien ha cacheteado al país entero con su matonesco "aquí solo me sacan con tanques"? Y si está en evidente flagrancia, ¿por qué no se le aplica de inmediato el proceso acelerado y se le condena a la cárcel?

Si Cotillo se sale con la suya, sabremos que las nuevas leyes se han hecho para mujeres exaltadas y ladronzuelos de poca monta, que para los poderosos hay otro trato.