Cárcel y COVID-19, sin eufemismos

Han pasado 10 meses desde que el COVID-19 empezó. Cada uno lo vive y lo lleva a su manera, algunos dependen exclusivamente de este Estado deficiente, cargado de trabas y arbitrariedad; es el caso de las personas privadas de su libertad.

Quería llegar a las más de 97 mil familias que tienen hijos o hijas, parejas o padres en la cárcel o trabajando en ella. Los hombres y mujeres en cárcel, condenados y procesados, inocentes y culpables no han podido ver a su familia, algunos ni siquiera han podido hablar.

Seguramente pensarás que si están ahí es porque lo merecen. No siempre es cierto. O que tu familiar es inocente, que no es justo, que no tuvieron dinero para una buena defensa. En verdad, no importa, no se trata en este caso de juzgar a nadie, ni de la inocencia o culpabilidad de los presos. Se trata de la soledad, del miedo, la incertidumbre y la angustia que se vive adentro y seguramente afuera, de seguridad y salud pública.

Pasó la etapa de los motines, de las muertes que se cuentan por cientos, de la difusión de la lista de delitos por los que estaban presos, de la estrategia de comunicación que usó el gobierno para disminuir su responsabilidad y disimular su incapacidad y negligencia.

Lamentablemente, la pandemia no ha terminado, los problemas en los penales siguen siendo los mismos, en el interín se declaró un estado de cosas inconstitucional por el TC y aún no se da el plan que ordenaba… y viene una segunda ola.

A los familiares pedirles que esperen, que tengan paciencia. Presionar porque se retomen las visitas no hace más que poner en riesgo a los presos, a los funcionarios del INPE, a las familias de todos y a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, se debería asegurar que se implementen visitas virtuales, que acorten distancias y devuelvan esperanza y que preparen protocolos para distintos trámites y entrega de medicina y alimentos para dar tranquilidad en los penales.

Por otro lado, la calma que han podido generar las tardías normas que dio el Ejecutivo o la acción también tardía aunque ahora eficiente del Poder Judicial frente al hacinamiento, se va agotando. No se puede cumplir con los requisitos para beneficios penitenciarios. Es urgente revisar las normas y buscar alternativas. No se usan las gracias ni los indultos, el Congreso sigue con una iniciativa ciudadana pendiente en la Comisión de Justicia desde el 2018, una vergüenza.

Son urgentes las acciones conjuntas del Estado para los miles de hombres y mujeres que necesitan que esta vez –y con el repunte del COVID-19– no esperen a llorar a los muertos. Como en todo, solo hay que hacer lo que debemos y hacerlo oportunamente puede ser la diferencia. Confiemos en que esta vez se haga.