El Gobierno promulgó la ley de delitos informáticos que sanciona hasta con 15 años de prisión la difusión de pornografía infantil y con una pena de entre 4 y 8 años el acoso sexual a menores a través de Internet. Sin embargo, la normativa ha desatado cuestionamientos.
Kela León, directora del Consejo de la Prensa, advirtió que hay vacíos pues no se ha incluido una excepción para la difusión de información de interés público obtenida mediante interceptación electrónica. «Ese vacío podría ir contra la libertad de prensa», dijo.
