Gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, fue detenido mientras es investigado por corrupción. (Foto: GEC)
Gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, fue detenido mientras es investigado por corrupción. (Foto: GEC)

La caída de la banda arequipeña Los Hijos del Cóndor, que encabeza el gobernador Elmer Cáceres Llica, ha puesto en el ojo de la tormenta la gestión de estas administraciones en todo el país y hasta el mismo proceso de descentralización iniciado en el Perú ni bien se recuperó la democracia tras la caída de Alberto Fujimori.

Como se ha dicho, 18 de los 25 gobernadores regionales en funciones están actualmente investigados por casos de corrupción. Una cifra, en verdad, alarmante. Arequipa no es la única región donde han saltado irregularidades en adjudicaciones de obras o sobornos sistemáticos, a pequeña o a gran escala. La Contraloría elaboró un ranking hace poco en el que, cómo no, Junín aparecía en el top ten de estas gestiones dolosas. Cosa que, por supuesto, no sorprende en absoluto después del paso de Perú Libre por esa administración regional y el rosario de denuncias que todavía penden sobre su sentenciado exgobernador, Vladimir Cerrón.

La corrupción −vamos a decirlo: endémica− que parece campear en los gobiernos regionales es en parte la razón de que los recursos, tanto del erario como de las regalías que dejan las empresas a cada zona, no lleguen a la población para llevar a cabo las obras y las transformaciones que necesitan los pueblos del Perú. Una realidad muy distante de aquella que suelen repetir los demagogos al echarle la culpa al gobierno central de las carencias que sufren las provincias en el interior del país.

Es en las propias administraciones donde tienen que comenzar las reformas profundas, en los métodos de contratación de personal calificado, en una fiscalización de procesos que no signifique demorar la tramitación de las obras o trabar inversiones y, en fin, atacando los innumerables males sistémicos a los que, definitivamente, ninguna estatización o Constituyente pondrá fin.

Más de 22 mil millones de soles en pérdidas por corrupción en los gobiernos regionales durante el 2020 hablan por sí solos. El 12.5% del presupuesto total del país, es decir. Basta de demagogia; lo que el Perú requiere en estos momentos es que sus líderes se dejen de radicalismos gaseosos y enfrenten los problemas de fondo.

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