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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Guido Lombardi,Opina.21Al cumplirse 10 años de la puesta en marcha de Camisea, los peruanos hemos podido recordar los inmensos beneficios que ha traído al país un proyecto que la tozudez de algunos políticos y la indecisión de otros retrasó por más de 15 años. Entre ellos 23 mil millones de dólares de ahorro en electricidad, 3 mil setecientos millones de dólares de inversión directa y más de 10 mil millones en inversiones vinculadas. Además, hoy se genera el 41% de la energía que usamos los peruanos gracias al gas de Camisea.

Pero quizá el dato más importante para el ciudadano de a pie lo constituyan las regalías recibidas por el Estado peruano (tanto por el gobierno central, como por el gobierno regional del Cusco y los municipios involucrados en la operación), por un total de 6 mil 200 millones de dólares. De ese total, el Cusco ha recibido 13 mil millones de soles y la provincia de La Convención 5 mil millones. Esas cifras multimillonarias tendrían que haberse traducido en mejoras sensibles en educación y salud pero eso, desgraciadamente, no ha ocurrido.

Quizá eso explica el ofrecimiento presidencial en el discurso del 28: "Hemos diseñado una política para mejorar la equidad en la distribución y uso del canon al interior de los departamentos productores para que todos los habitantes del mismo, puedan beneficiarse de la inversión pública con estos recursos, y no solo unos pocos".

Se trata de una reforma imprescindible e impostergable, entre otras razones porque los nativos amazónicos (en este caso machiguengas) tendrían que haberse beneficiado por lo menos con un 30% del total y no han recibido nada.

Es cierto que su situación ha mejorado porque han encontrado nuevas fuentes de trabajo e ingresos (el caso de la comunidad de Segakiato es ejemplar), pero eso gracias a la presencia de la empresa y no a la responsabilidad de los gobiernos subnacionales. El reclamo de las comunidades del Bajo Urubamba debe ser atendido.

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