Está comenzando a suceder lo que se avizoraba desde un inicio, aunque de manera vertiginosa: los conflictos sociales, en particular los mineros, comienzan a estallar en distintas regiones del país. Y no hay que tener condición de adivinador para anticipar que el contagio a otros sectores es cuestión de tiempo.
No es ninguna novedad que existen conflictos sociales, muchos asociados a actividades extractivas, que tienen años sin resolverse. Sin embargo, este gobierno, en vez de actuar con responsabilidad para buscar resolverlos, parece estar coadyuvando a que avancen. Aunque Braulio Grajeda, un personaje cercano a Cerrón e investigado por lavado de activos, haya sido removido hace dos días del Viceministerio de Gobernanza, su permanencia durante tanto tiempo en la oficina encargada de resolver conflictos de la PCM ha sido determinante para que la conflictividad avance. El ministro del Interior tampoco parece tener la voluntad de abordar los brotes de violencia porque, al parecer, prefiere entregarse a placeres epicúreos como festejar el Día de la Canción Criolla.
Por otro lado, los mensajes de las autoridades parecen justificar las manifestaciones violentas. El ministro de Justicia insinuó que los accionistas de Antamina están buscando la vacancia del presidente. La premier, por su parte, ha dicho que si bien hay “factores que distorsionan la protesta”, estos no las “descalifican”. En la práctica, y quizás sin buscarlo, el gobierno está empoderando a los violentistas, quienes saben que pueden medrar en medio del caos ante un gobierno que ha optado por observar impertérrito.
Otro factor determinante en el avance de la conflictividad es atribuible a las expectativas que han generado los discursos demagógicos enarbolados por el presidente durante campaña. La población quiere soluciones inmediatas a sus apremios y el presidente, desbordado ante la vastedad del encargo, no está en capacidad de responder. Mientras tanto, el malestar crece: el 67% cree que la situación económica ha empeorado (Ipsos).
Si el gobierno no actúa con celeridad y solvencia, y si no salvaguarda el Estado de derecho, el caos terminará por devorarlos.