El titular del Congreso, Pedro Olaechea, saludó a los jueces en su día. (Foto: Congreso)
El titular del Congreso, Pedro Olaechea, saludó a los jueces en su día. (Foto: Congreso)

Sin que vaya a significar un gran pachakuti en la estructura política del Congreso, la nueva mesa directiva no puede soslayar por más tiempo el tema de la recomposición de comisiones y subcomisiones parlamentarias, considerando, como mínimo, que desde el ejercicio anterior la composición de las bancadas ha cambiado.

Claro que el procedimiento se viene pateando desde la última legislatura, pues todo indica que la mayoría opositora, Fuerza Popular y adláteres, perdería el control de hasta tres comisiones, pero no hay ya manera de dilatar más los tiempos, es decir, no quedan ni pretextos ni argucias posibles. Esta vez los cambios tendrán que proceder y le corresponde a su presidente, Pedro Olaechea, hacer que se cumpla la normativa al más breve plazo.

No es necesario recurrir a las tantas veces que se ha hecho sentir el clamor popular en contra del Congreso o los deshonrosos guarismos con que es aludido en las encuestas para saber que la pobrísima imagen que proyecta en la ciudadanía se debe al comportamiento grotescamente interesado en muchas de sus comisiones y subcomisiones, presididas todas, o casi todas, por miembros la feligresía de Keiko Fujimori, cuyo cinismo sin límites los ha convertido hasta en carne de memes, caricaturas y burlas callejeras en los que, desde luego, el poder legislativo es el que queda peor parado.

Y el desprestigio, la falta de credibilidad en las instituciones tutelares de la nación no es una frivolidad, pues termina por contaminar a la democracia en su conjunto, favoreciendo así el surgimiento de una ira antisistema que suele traducirse en liderazgos extremistas, de confusa ideología, pero clara orientación antidemocrática y similar desprecio por la ley, como está ocurriendo en algunas regiones del sur peruano.

Comisiones y subcomisiones como las de Ética o la de Acusaciones Constitucionales, por mencionar solo dos ejemplos que encadenan una larga serie de blindajes a funcionarios públicos sorprendidos –y correspondientemente denunciados– en conductas impropias de su investidura, cuando no en flagrantes actos delictivos, tienen que cambiar definitivamente de rumbo o de manos: lo que está en juego es más grande que cualquier interés particular.

TAGS RELACIONADOS