Cuando asumió el mando, el presidente Martín Vizcarra señaló “llegó la hora de decir basta” a la corrupción, refiriéndose a la penosa y comprometedora situación del ex presidente Kuczynski con la corrupción de Odebrecht. Añadió: “La justicia deberá actuar con independencia, responsabilidad y celeridad, pero al mismo tiempo lo sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación”.
Nada de esto se cumplió. Algunos analistas remarcan que las condiciones para un golpe de Estado están dadas: el presidente aparece en los audios de la corrupción y tiene denuncias fiscales. Aún no aclara nada. El Parlamento ha sido desprestigiado al máximo, principalmente la mayoría fujimorista; incluso parlamentarios proponen con naturalidad el cierre del Congreso. La Corte Suprema está agujereada, sus vocales figuran en los audios y el fiscal de la Nación es la ‘bete noir’ (lo que se detesta) del sector anti y del gobierno. Pero no precisan cuál es el alibí del golpe.
El presidente y sus parlamentarios desenterraron el odio y el enfrentamiento con el fujimorismo, contradiciendo contundentemente al Vizcarra auroral. Esa guerra corre en paralelo con más de 15 días de campaña sostenida y feroz contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Se han usado todas las balas y todos los métodos.
El ataque contra Chávarry busca sacarlo a patadas si es posible. Parlamentarios sin reputación y poca representatividad le exigen que renuncie, otros adversarios irán a instancias internacionales. El fiscal Pablo Sánchez –que exculpó a Humala de Madre Mía dolosamente, que trabó descaradamente la investigación de Lava Jato, que no quiso recibir las agendas de Nadine Heredia, que archivó provisionalmente la investigación al presidente Vizcarra por el caso Chinchero, que colocó a sus hijos en trabajos en el Estado– acusa a Chávarry de integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos.
Se basa en lo afirmado por un postulante a colaborador eficaz: “Guido Aguila (ex presidente del CNM) y el juez supremo César Hinostroza conversaron” con un fiscal supremo para que votara por Chávarry para fiscal de la Nación. El personaje debe tener una neurona y estar muy presionado. Hace tres años se acordó que Chávarry sería el sucesor de Sánchez; además, fue elegido por unanimidad.
Pero el anti le pide que renuncie ya, porque Sánchez –su enemigo íntimo– lo está investigando. Volvamos al incógnito alibí, queda claro que se busca sepultar las investigaciones de Lava Jato, salvando a los peces gordos y movilizar a la población por un referéndum político y absurdo. Las alentadoras promesas de Vizcarra se esfumaron. Se las llevó Lava Jato.