El 28 de julio de 2018, Vizcarra hizo temblar al Congreso cuando anunció un referéndum. Por primera vez en este periodo, alguien se había plantado firme ante un Congreso que parecía un matón sacando a ministros y hasta a un presidente. A un año de aquel evento, Vizcarra ha perdido fuerza, liderazgo y se encuentra en el momento más crítico de su gestión: protestas en el valle de Tambo, gobernadores e izquierda piden vacancia y el fujimorismo tiene los votos necesarios para la estocada final.
Mientras escribía esta columna, la Policía se encontraba dispersando a los manifestantes en el valle de Tambo con bombas lacrimógenas para liberar la Panamericana Sur. Y, lamentablemente, en el Perú, hacer respetar el Estado de derecho tiene un alto precio y Vizcarra lo tiene que saber, porque de haber heridos durante la liberación de carreteras, la izquierda, cosechando lo que sembró, pedirá de inmediato la vacancia del presidente.
Asimismo, luego de la revelación de la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, sobre la petición de Del Solar para postergar la presentación del informe que recomienda suspender a Daniel Salaverry, el fujimorismo también apoyará indubitablemente la vacancia. Entonces, está claro que solo uno llegará a 2021: Vizcarra o el Congreso actual.
Vizcarra está solo, no tiene bancada, sus aliados –gobernadores regionales– lo traicionaron y su primer ministro está camino a una censura, pero aún conserva la última bala de plata que se encuentra en el arma del fujimorismo: las reformas constitucionales. Si el Congreso no aprueba las reformas, Vizcarra, por supervivencia, tiene que disolver el Congreso, como permite la Constitución. De no hacerlo, será mejor que el mensaje a la nación del domingo sea un discurso de despedida, porque su vacancia es inminente.