De cagaleches y caracoles

“Las condiciones que atraviesan la judicatura y el sistema de justicia en nuestro país exigen otra actitud”.

Largos tentáculos. El prófugo abogado Rodolfo Orellana Rengifo tendría nexos hasta en el Congreso de la República. (Fidel Carrillo)

De cagaleches y caracoles. (USI)

Cecilia Valenzuela
Cecilia Valenzuela

Esta semana, Perú21 hizo pública la renovada y expectante situación laboral de un peligroso reo, procesado por lavado de activos y tráfico de terrenos. Amparado en un hábeas corpus tramitado en un juzgado de la ciudad de Tacna, al interno del penal de Challapalca Rodolfo Orellana Rengifo le faltaban dedos para tipear escritos y redactar alegatos en su acondicionado despacho, montado a costa del poco mobiliario con el que cuentan los trabajadores del INPE designados a cuidar esa prisión para presos de alta peligrosidad.

Orellana interrumpía la preparación de sus casos para solicitar a los guardias el inmediato traslado de sus clientes, de otros pabellones de la misma cárcel, hasta su improvisado estudio: el cabecilla de los Cagaleches del Virú, un feroz asesino y jefe de sicarios; y alias ‘Caracol’, la cabeza de la tremenda organización de narcotraficantes instalada en el puerto del Callao, tenían que ser trasladados, previo operativo, por los agentes penitenciarios.

Pese a todos los delitos que Orellana ha cometido aprovechando su conocimiento del derecho y su condición de abogado, el Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima no lo ha inhabilitado en el ejercicio de su profesión. Con su número de colegiatura vigente, grabado en un sello de goma, aquel que reclutó y pervirtió notarios, jueces, fiscales, secretarios de juzgados, trabajadores de registros públicos, alcaldes, regidores y funcionarios regionales para montar una red criminal que se apropió de dinero y bienes públicos y privados, puede seguir ejerciendo aún en prisión.

La denuncia insistente de Perú21 logró que la Sala de Apelaciones de Tacna revocara el hábeas corpus que Orellana se había conseguido, pero, de no mediar el reclamo, el delincuente hubiera continuado conectando su banda y sus mañas con las de otros feroces criminales.

En el camino, abogados que entre otras cosas dictan cátedra en universidades, usaron las redes sociales para defender el derecho de su colega Orellana Rengifo al trabajo; alegando que se estaba cumpliendo con el objetivo rehabilitador de la pena, pretendieron justificar el inicio de sus nuevas andanzas.

Entonces, ¿los ciudadanos, la ley, el bien común no importan? ¿La ética tampoco?

Tal procacidad ofende a quienes ejercen el derecho pensando en el bien de la sociedad. A los jóvenes que lo estudian, que se forman anhelando ejercer a favor de la justicia y la legalidad.

Conocer la ley no puede ser la coartada para preparar la trampa.
Los audios de la vergüenza calatearon a vocales y fiscales supremos. El fiscal de la Nación usa el cargo para protegerse y proteger a sus allegados, y haciendo caso omiso al sentir de la población y a la solicitud del propio presidente de la República, se aferra al puesto.

La laxitud moral del Colegio de Abogados de Lima decepciona y alarma. Las condiciones que atraviesan la judicatura y el sistema de justicia en nuestro país exigen otra actitud. La dignidad debe retornar a las instituciones. Basta de cinismo.

Si la dirigencia del Colegio de Abogados está deteriorada, ¿no deberían los profesionales del derecho, probos e íntegros, reunirse para hacer público su compromiso y decisión de rescatar el honor de su profesión?

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