Santiago Pedraglio,Opina.21En su editorial del 17.9.2014, titulado «El ‘Estado liberal'», El Comercio recuerda, con razón, que, en los últimos años, hay un importante aumento de la recaudación tributaria, y que el gasto del Estado en rubros como educación, salud, seguridad y justicia ha crecido de manera significativa. También, con razón, afirma que la calidad del gasto público sigue siendo deficiente, y que es imperiosa una reforma que permita crear una burocracia estatal marcada por un servicio civil profesional y meritocrático.
¿Se habrán puesto a pensar los autores por qué desde la década del 90 las llamadas «islas de eficiencia» que mencionan, entre las que estarían el MEF –a pesar de su reciente falta de reflejos ante el enfriamiento de la economía–, el BCR, la Sunat e Indecopi son solo áreas vinculadas directamente a la economía? Una posible respuesta es que, a partir de 1990, desde las reformas aplicadas por el gobierno de Alberto Fujimori, la inversión y, sobre todo, el mercado están imponiendo las reglas de juego. Más aún, la economía es extremadamente dependiente de factores externos.
A pesar del crecimiento de la recaudación y de otros factores, el Estado Peruano es débil; esto no solo por la falta de un servicio civil y meritocrático, sino también porque no está diseñado para garantizar los derechos ciudadanos por encima de los derechos patrimoniales. Tampoco lo está para regular con eficacia aspectos claves como los servicios públicos, los seguros privados o el sistema previsional, ni para garantizar una política medioambiental sostenible, por no hablar del reto de vencer las fuerzas de la informalidad y la economía ilegal.
En todo caso, se requiere un Estado que cumpla el viejo anhelo liberal de la igualdad de derechos y oportunidades. El liberalismo no es esta especie de nueva mercantilización del Estado, en la cual los derechos patrimoniales y las grandes corporaciones son actores determinantes cuando se deciden las políticas públicas.
