El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte sufrió otro revés. Esta vez, en la votación de la Comisión Permanente en la que se iba a elegir al nuevo titular de la Contraloría General de la República (CGR). La propuesta del Ejecutivo para suceder a Nelson Shack era Pedro Cartolín, quien fue rechazado por 17 de 29 congresistas que integran la Comisión, con lo cual no se logró su nombramiento.
Lo preocupante es que el Gobierno haya insistido en proponer a una persona llena de cuestionamientos, más aún si lo que se busca es que sea el encargado de velar por el correcto uso de los recursos del Estado. El contralor debe estar limpio de polvo y paja y no tener cercanía con agrupaciones políticas.
El Gobierno quería elegir a un correligionario solapado del presidente del Congreso, Alejandro Soto, y del ministro de Salud, César Vásquez, pues la esposa de Pedro Cartolín, Eda Aguilar, postuló en 2016 al Parlamento por Alianza para el Progreso (APP). Además, también se supo que el rechazado postulado por el Ejecutivo favoreció al gobernador de La Libertad y dueño de APP, César Acuña, durante un proceso judicial en enero de este año. Elegirlo hubiera sido un verdadero escándalo porque la secretaria de la subcomisión evaluadora de candidatos a la CGR fue María Acuña, la hermana de don César, nada menos.
Lo lamentable es que sin mediar evaluación, la mandataria presentó al Congreso a Cartolín como única alternativa, en lugar de proponer una terna de profesionales capacitados. Ahora, el Ejecutivo, con el rabo entre las piernas, tendrá que presentar otros candidatos, otros a los que no se les ocurra, como a Cartolín ayer en el Congreso, afirmar ante la Comisión Permanente que para ser Contralor pesan más las “habilidades blandas” que los conocimientos técnicos.
El intento fracasado del Gobierno de forzar un nombramiento producto de un pacto político denota una gran frivolidad por parte de Boluarte y evidencia cómo es que la señora presidenta percibe el peso de un cargo público. Los puestos importantes en instituciones fundamentales como la Contraloría no pueden ser utilizados como cuotas de poder y menos repartirse al mejor postor político. El Congreso esta vez actuó de forma correcta, ante todo la idoneidad de la Contraloría y la independencia de este órgano fiscalizador.
