Las viviendas en la región Arequipa también quedaron destruidas por el paso del huaico. (Foto: Ministerio de Vivienda)
Las viviendas en la región Arequipa también quedaron destruidas por el paso del huaico. (Foto: Ministerio de Vivienda)

Cada año, en una escena conocida, la furia del lodo arrasa con todo. La noticia podría ser la misma siempre. Sería cuestión de cambiar el nombre de los distritos golpeados, la cantidad de familias afectadas, el número de desaparecidos y el costo de la reconstrucción. El dolor e impotencia se repite, pero también la pregunta inevitable: ¿Por qué siguen las personas viviendo ahí?

Es fácil culpar a las familias asentadas en la informalidad, llamándolas irresponsables y hasta delincuentes, criminalizando a todo el que vive en zona de riesgo. ¿Pero acaso nos preguntamos realmente qué otra opción tienen?

La gente vive en zonas vulnerables por distintas razones que van desde la estafa de un traficante o funcionario hasta la cercanía al trabajo, la fertilidad del suelo o los circuitos comerciales que traen comida a la casa. También hay ignorancia de los riesgos. Las personas no son tan necias para invertir su poco dinero en una casa, por más precaria que sea, en un lugar que pone en peligro su vida e inversión. Si tuviesen otras posibilidades viables, no lo harían. Al cargarles toda la culpa minimizamos los problemas estructurales de un sistema fallido.

La irresponsabilidad que se les quiere chantar a las familias afectadas es, en realidad, expresión de nuestra precariedad institucional. Uno de los grandes fracasos del Estado peruano es el no saber cómo integrar al “mundo informal” de una manera que no termine marginando más a quienes ya se encuentren en una situación de marginalidad. Las dinámicas de mercado, especulativas, leoninas e informales, avaladas por funcionarios inescrupulosos, empujan a los peruanos a los cauces de los ríos y al futuro incierto. Sin alternativas reales y accesibles, eso no va a cambiar. Menos si no abordamos la raíz del asunto.