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Redacción PERÚ21

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Juan José Garrido,La opinión del directorAl nivel más sencillo, existen tres razones por las cuales no se hacen reformas: falta de voluntad política (asociada al costo político de las mismas); oposición de los grupos de interés; y, simplemente, por ignorancia (léase, falta de conocimiento y habilidades). Hoy, millones de personas viven en países considerados como "estados fallidos" predominantemente por dichas falencias.

Nosotros podemos dar fe de ello. Entre 1963 y 1990 nos gobernaron ideas antagónicas con los principios básicos de un manejo económico prudente. Ello no fue por falta de economistas instruidos. Don Pedro Beltrán ya señalaba los peligros de la emisión inorgánica, de la sustitución de importaciones, de los controles de precios o de la estatización de las actividades económicas. El problema no era, entonces, la ausencia de ideas.

Y si bien es cierto que la región vivía contagiada de inadecuadas políticas, también lo es que en el mundo se vislumbraban espacios reformistas. Nuestras élites políticas e intelectuales, recordémoslo, siguieron abrazando aquellas doctrinas incluso después de los giros chino, indio y soviético.

Lo cierto es que en 1990 se abre, más que la voluntad, la necesidad de hacer las reformas. Para suerte nuestra, contamos con el conocimiento técnico necesario para realizarlas.

No obstante, pasados veintitrés años del inicio de las reformas económicas seguimos, sin embargo, imbuidos en el marasmo institucional: partidos políticos desprestigiados, poco representativos y desorganizados; un Poder Judicial plagado de corrupción, lentitud e inoperancia; y un Estado fiscal y burocráticamente pesado con el sector formal, pero incapaz de proteger la vida y la propiedad, así como de proveer de servicios de salud y educación de calidad. Un desastre institucional por donde se vea.

Empero, no se observa mayor preocupación en la clase política, ni en las élites empresariales y académicas. Si nos apresuramos, podríamos concluir que no existe la voluntad política y la presión pública para realizarlas. Quedan, además, las dudas sobre la capacidad técnica local para lograrlas. ¿Contamos con expertos en reformas institucionales? ¿Existen consensos respecto a lo que falta hacer? ¿Alguna institución proporciona propuestas de mejoras? La respuesta a las tres preguntas es, lamentablemente, no. Ello, de paso, ya nos está costando varios puntos de crecimiento anual.

¿Qué soluciones viables nos quedan? Podríamos partir por recurrir a expertos de organismos y consultoras internacionales. Muchos de ellos han participado en exitosos casos de reformas. Otro espacio es la academia y la prensa local para agilizar el debate interno.

Dejar de lado las reformas económicas en esas tres décadas nos costó ingentes recursos económicos y miles de vidas humanas. No caigamos en el mismo error por el lado institucional. Las futuras generaciones serán esclavas de nuestra indefinición.