Una de las grandes deudas pendientes de la Defensoría del Pueblo es no haber afinado la metodología que aplica y sirve de base para sus continuos informes mensuales de “conflictividad socio/ambiental”. ¿Por qué todo lo anterior y cuál es la relación con la columna? Veamos.
La realidad (“real”, digamos) ha desbordado la metodología de conflictividad “socio/ambiental” que aplica la Defensoría del Pueblo. Ponemos las alertas en la Defensoría del Pueblo porque sus continuos informes sobre “conflictividad socio/ambiental” sirven de análisis e insumo para las decisiones de inversión tanto de empresas privadas como de personas. No obstante, la metodología que aplica esta institución ya no se condice con lo que sucede en algunos casos puntuales de conflictividad, los que, dicho sea, son cada vez más recurrentes y constantes. Me refiero a la existencia de un grupo de asesores y abogados que se instalan alrededor de los proyectos mineros o extractivos con el objetivo de “asesorar” a las comunidades y sus dirigentes; sin embargo, tienen intereses pecuniarios, ideológicos o políticos, nada referente a temas ambientales o sociales. Estos grupos de asesores y abogados utilizan un software casi común que desarrollan con la ayuda de algunos dirigentes comunales, quienes se dejan seducir por los réditos económicos, políticos e ideológicos.
Quizá una de las primeras formas de “asesoramiento” fue la de los Chávez Sotelo, abogados que en una parte de las comunidades del denominado Corredor Vial Sur —donde están instaladas varias operaciones mineras— lograron afianzar un gran poder e influencia hasta tal punto que tuvieron a varios “clientes” (comunidades), y cuyo papel era trascendental en la solución o no de las protestas.
Hoy, si cabe la palabra, esta forma de “asesoramiento” ha “evolucionado” hacia formas más “creativas”. ¿Cómo así? Hoy estos asesores y abogados crean las condiciones objetivas para ganar poder de negociación. Así, preparan y desarrollan un discurso “social, ambiental” o ideológico muy potente; movilizan a operadores de izquierda local; mueven a medios de comunicación locales o nacionales afines su discurso; fundan “comunidades originarias” donde no las hubo nunca; construyen alianzas con organizaciones no gubernamentales; y preparan una estrategia legal muy ofensiva contra las empresas mineras, y lo que es peor: ¡jamás cierran una negociación! En algunos casos, estos expertos brokers suelen tener objetivos solo pecuniarios; y en otros, políticos e ideológicos. Están en casi todo el sur peruano, entre Puno, el corredor vial sur, Moquegua, Ayacucho, y cada vez más su estrategia se extiende.
Ahora, ¿pueden existir “conflictos socio/ambientales” tal como refiere la metodología de la Defensoría del Pueblo? Sí, claro que pueden existir, pero lo que sucede en algunos casos de conflictividad (que ya ocurre a menudo) es la existencia de estos brokers especialistas en generar y ganar en el conflicto.
