Bravata palaciega

El ministro de Justicia, Félix Chero, amenazó, el último domingo, con presentar un proyecto de ley para llevar a juicio a fiscales, jueces o policías que filtren información reservada. Lo hace en un momento en que su actual jefe, Pedro Castillo, se encuentra en notorios aprietos por la confesiones y testimonios de colaboradores de la justicia y audios que, según la hipótesis fiscal, lo comprometen con la red mafiosa enquistada en el MTC.

Poco le faltó para meter en la colada a la prensa independiente, que suele rastrear ese tipo de información para luego difundirla entre sus audiencias por ser de interés público, sobre todo si involucra a altas autoridades del Estado.

En todos los países del mundo –salvo dictaduras o gobiernos tomados por fundamentalismos religiosos– los reporteros buscan información reservada de fuentes oficiales, sean estas gubernamentales, fiscales, judiciales o policiales, para completar o reforzar investigaciones periodísticas. Un recurso que se justifica doblemente si se trata de temas relacionados con el poder político o económico y sus decisiones, por el impacto que tienen en la ciudadanía.

Es para ello que existe la libertad de prensa, para informar y revelar lo que hay detrás de lo incierto o de las versiones oficiales, para llegar al fondo de la verdad y de lo que está pasando entre quienes conducen los destinos del país, más aún en gobiernos enemigos de la transparencia, como el de Pedro Castillo, cuyos operadores prefieren moverse en las sombras.

Tan interesada propuesta palaciega no hace sino ratificar la proclividad oscurantista del oficialismo. Al menoscabar el derecho a la información que asiste a todos los peruanos, estará recortando la libertad de prensa. La Asociación Nacional de Periodistas, por lo pronto, ya se pronunció, alertando sobre el riesgo que esta ley significaría para la actividad de sus asociados, pues “criminalizar a las fuentes suma a la opacidad y obstruye el aporte a la justicia desde la investigación periodística”.

Lo que el afanoso ministro pretende es ocultar la verdad y que se escondan las evidencias para ver si con el tiempo –y quién sabe si con oportuna ayuda externa o adecuadas presiones internas– las denuncias terminan archivadas. Un terror a la verdad que no hace más que levantar mayores sospechas. ¿A qué le teme el presidente?