Botemos a todos, quebremos a todas

Ese parece ser el objetivo de los ‘políticos’ con su torpe e irresponsable reacción a los groseros casos de corrupción de Lava Jato, las consorciadas y el ‘club de la construcción’.

¿Qué se necesita? El marco legal que permita vender activos y guardar en fideicomisos un estimado de la reparación civil. Para eso se requiere que las compañías sigan operando. Hoy Sunat las embarga para cobrar los impuestos. Y las podrían embargar masivamente tras el fallo judicial que declara a las consorciadas civilmente responsables, como corresponde. El detalle que falta es que el fallo se ha dado cuando el DU 003 está vigente. Bajo este decreto, solo se han recuperado S/25 millones.

Existen unas entidades financieras llamadas bancos de inversión que, entre otras cosas, venden activos, alimentan fideicomisos, y traen inversionistas para generar competencia y evitar los problemas que están en el origen de esta tragedia. Preocupados por PPK y su forma de operar, el Gobierno tampoco los convoca en este caso.

Y la oposición sigue en modo ‘mototaxi’. FP no propondrá reformas hasta que Keiko sea presidenta, dicen. Ni siquiera quieren discutir qué se debe hacer. Esperan que termine el receso parlamentario para vacar a PPK. Los mafiosos de Odebrecht son los grandes titiriteros de la política peruana.

Quieren recuperar los US$315 millones que dos bancos de inversión les prestaron para Chaglla. Seguirán declarando a sueldo para que los políticos los ayuden a cobrar.

Sé de inversionistas líderes globales que quieren venir a nuestro país. Lo harán comprando, no creando una SAC en una notaría. La solución está a la mano, secuestrada por Odebrecht, políticos mediocres y corruptos, y un gobierno que da pena.