Fuerza Popular buscará mantener la presidencia de la Mesa Directiva para el periodo 2018-2019. (Foto: Congreso de la República)
Fuerza Popular buscará mantener la presidencia de la Mesa Directiva para el periodo 2018-2019. (Foto: Congreso de la República)

Cinco de siete bancadas parlamentarias se alinearon ayer y exigieron, de manera formal, que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza den un paso al costado. Haber sido sindicados como miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto por parte de colaboradores eficaces ha hecho insostenible su permanencia al frente de una institución que, precisamente, debe investigar todo lo que se les imputa a los fiscales y a todos los miembros de esa mafia judicial. Su presencia no garantiza que las reformas judiciales planteadas y necesarias para el país lleguen a buen rumbo.

Sin embargo, ayer también quedó claro qué bloques políticos anteponen sus intereses al pedido ciudadano. Fuerza Popular (FP) y el Apra volvieron a jugar en pared y se abstuvieron de sumarse a la iniciativa de Acción Popular, Nuevo Perú, Frente Amplio, PpK y APP, además de los parlamentarios no agrupados. En momentos de crisis, como el que vive la justicia de nuestro país, todo gesto suma. Estas dos agrupaciones dicen que apoyan las reformas, pero al momento de tomar acción, miran al cielo.

FP mantiene la postura que su lideresa, Keiko Fujimori, trazó hace unas semanas: apoyar y defender a toda costa la continuidad de Chávarry. Esto permite ensayar muchas hipótesis, pero la que ha calado más en la opinión pública es que Fujimori necesita a la Fiscalía, a esta Fiscalía de Chávarry, de su lado ante las investigaciones que tiene actualmente.

Es preocupante que la percepción sea que una entidad tan importante como el MP se convierta en una herramienta política, una que blinde la sospecha y que encubra el delito solo cuando se trata de los intereses de una parte. Ayer, por ejemplo, Pedro Chávarry sorprendió al abrir una investigación preliminar al ex ministro Alfredo Thorne por el caso Chinchero. No obstante, en este contexto, Thorne parece ser usado para amenazar al Ejecutivo, ¿y apuntar a Vizcarra, quien también criticó severamente al fiscal?

La decisión del fujimorismo es de pura fuerza o con la fuerza de sus votos. Pero la legitimidad ya no es la misma que pudo haber alcanzado en el proceso electoral anterior. Ahora, su lideresa tiene una desaprobación del 80%, enorme mayoría que es casi la misma que exige la renuncia de Chávarry. Es decir, desconexión total con la ciudadanía.