Bloqueos inaceptables

El registro de las marchas y revueltas en contra de leyes y autoridades ilegítimas o injustas se remonta hasta el medioevo. Que el resultado de estas movilizaciones, no siempre pacíficas, haya sido positivo o negativo será siempre debatible: unas lucirán más justas que otras, pero lo cierto es que suelen surgir cuando los ciudadanos dejan de sentirse representados por las autoridades que han elegido para que decidan los destinos de cada nación.

Sin ir demasiado lejos, fenómenos sociales como el de la protesta, mayormente juvenil y pacífica, en contra de la vacancia promovida por Manuel Merino y la horda antaurista –apoyada resueltamente por casi todas las bancadas del actual Congreso, incluyendo al acuñismo y al fujimorismo, que después cainitamente se golpearon el pecho y se declararon arrepentidos–, tuvieron su origen ante lo que fue una afrenta a la ciudadanía en su conjunto, sin distinciones sociales o políticas. De ahí la masiva convocatoria que tuvo. Que los dueños de los medios censuraran a los periodistas que le dieron cobertura no hubiera evitado que la ola creciese, el sol no se puede tapar con un dedo: la movilización era una marea que crecía incontenible en todo el país.

La de los trabajadores agrarios en contra de la ley laboral agraria fue una protesta muy diferente, de un sector laboral y social concreto, aunque sus consecuencias económicas se extenderán a escala nacional. Y he ahí el problema. En ese caso, más allá de la justicia o no de los reclamos, se ha calcado la nefasta metodología de las reyertas antimineras, donde ni bien declarada la medida de fuerza, se procede a bloquear las vías de acceso y las principales carreteras. Una práctica ilícita, fuera de la ley, pero que sucesivos gobiernos toleraron inexplicablemente.

Bloquear la Panamericana Norte y Sur no afecta solo a las partes en conflicto y a las comunidades presuntamente implicadas: afecta la economía, el libre tránsito y los derechos de todos los peruanos, y especialmente golpea el sustento de los más pobres, pues la cantidad de familias que viven de lo que va y viene de las zonas rurales, en distintos puntos del país, por esa misma vía, la Panamericana, es enorme. La protesta es legítima, lo inaceptable es que para protestar se apele a la violencia incendiaria y al bloqueo de las carreteras.