Ante la inacción del gobierno y una nueva ruptura del diálogo con una de las comunidades que han bloqueado la carretera por la que transportan el mineral, esta semana debe comenzar la suspensión de actividades mineras en Las Bambas. El IPE estimó que, si la inoperatividad de la minera se prolonga por todo 2022, el Producto Bruto Interno de Apurímac caerá, por lo menos, en un 60%, lo que ocasionaría un retroceso económico de casi una década en lo que corresponde al nivel de vida de cada habitante.

Como si estos datos fueran simple moco de pavo navideño, el Ejecutivo, sin embargo, parece estar decidido a dejar a la deriva esta valiosa actividad económica en el país. Una operación que genera alrededor del 2% del suministro mundial de cobre, ya que el Perú es el segundo país productor en todo el planeta (Chile es el primero), está en estos momentos en manos de pequeñas comunidades de la zona que reclaman, beligerantemente, beneficios desproporcionados en relación a otras localidades vecinas de la minera.

Por otro lado, desde el gobierno central, el MEF pretende realizar cambios al régimen tributario del sector que, como ya ha señalado la Sociedad Nacional de Minería, ponen en riesgo más de 50 mil millones de dólares en nuevas inversiones y la oportunidad de crear más de dos millones de empleos, con lo que, además, las posibilidades de reactivación de la economía peruana tras la pandemia se verían seriamente debilitadas.

“Existe amplia evidencia de que la carga tributaria a la minería en la actualidad se acerca al 50% de las utilidades y es más alta que la existente en Chile (40.7%), Canadá (35.5%) y Australia (44.3%), países mineros con los que el Perú compite directamente”, sostiene el gremio, basándose en estudios del IPE, Apoyo, Cepal, EY-Peru y Cesco. De prosperar esos cambios, los nuevos costos de producción del metal representarán un duro golpe a la competitividad y la sostenibilidad de esta actividad extractiva en su conjunto.

Es decir, un hostigamiento político y económico, ideologizado, que, sumado al de la agitación social y la indolencia gubernamental para poner orden en la zona, lleva inmediatamente a pensar que en el Ejecutivo no terminan de entender lo que la minería significa para el futuro de los peruanos. O peor, que lo entienden, pero su militancia está por encima de las necesidades de los más pobres. Tremendos irresponsables.

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