(Foto: Andina)
(Foto: Andina)

Frustrada la votación para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional en este Congreso, será el nuevo Parlamento al que le toque esta delicada tarea. Al igual que en los últimos procesos de selección, el camino no estará libre de las mismas presiones y cuestionamientos, pues además del trasfondo político habitual, esta nueva composición de magistrados podría jugar un papel medular en la defensa de nuestra democracia.

Ello debido a algunas preocupantes tendencias en las fuerzas políticas que dominarán la próxima correlación en el hemiciclo de la Plaza Bolívar y, cómo no, en el partido que presuntamente ocupará Palacio de Gobierno. Sin necesidad de remontarnos tan lejos en la historia, en los últimos meses este alto organismo ha logrado salvar al país de leyes nefastas –de tinte inequívocamente populista– y otras maniobras claramente inconstitucionales que podrían haber puesto en riesgo el estado de derecho.

En medio de la frustrada refriega parlamentaria para nombrar el nuevo tribunal, surgió incluso una inusual demanda del Poder Judicial disponiendo interrumpir el trámite, que suscitó un breve, pero áspero choque de poderes.

Y de eso se trata. El TC está llamado a erigirse en el baluarte de la institucionalidad, los derechos fundamentales y los excesos que puedan provenir de parte de los poderes del Estado. Si no se eligen a los más idóneos y, en la medida de lo posible, a los más independientes, el país podría entrar en una coyuntura de atropellos a lo que dispone la Carta Magna, con el objetivo de erosionar la legitimidad y los fundamentos de nuestra democracia.

Se debería recoger lo positivo que hizo la comisión especial anterior, como introducir un factor meritocrático al método, y corregir lo evidentemente erróneo (las entrevistas). Lo cierto, en suma, es que este proceso no se podrá tomar a la ligera ni mucho menos dejarlo a merced de las componendas políticas del próximo momento.

La ciudadanía, la academia, la prensa deberán pues, mantenerse en alerta para que el nuevo Congreso no pueda elegir al caballazo a los miembros que reemplazarán a los tribunos que tienen el mandato vencido. La libertad y los derechos civiles en nuestro país dependerán, a partir del 28 de julio, de la vigilancia ciudadana y como no, de la composición del nuevo Tribunal Constitucional.

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