Un blindaje más sí importa

En el colmo de la desfachatez, el condenado congresista de Alianza para el Progreso (APP), Benicio Ríos, reapareció ayer tras estar cinco meses prófugo. Y como si eso no fuera suficiente frescura, argumentó que estuvo en la clandestinidad porque venía preparando su recurso de casación que ya presentó ante la Corte Suprema en Lima. Es decir, como lo han hecho otros cuestionados políticos, trajo su caso –originado en Cusco– a la capital para encontrar lo que buscan los que están en su misma condición: impunidad.

Ríos no escogió mejor lugar que el Parlamento para mostrarse como víctima, pese a que hasta la apelación que interpuso contra los siete años de prisión que se le impusieron por adquisición sobrevalorada de un terreno de diez hectáreas, siendo alcalde de Urubamba, fue rechazada. En otras palabras, sobre sus hombros pesa una sentencia firme, que tiene que ejecutarse.

El parlamentario ensayó injustificables argumentos, acusando que sus opositores “quieren liquidarme políticamente” o que con la compra del terreno tenía la intención de mostrar al mundo “un Machu Picchu limpio”. ¿En serio quiere agarrarnos de tontos?

Pero no debe sorprendernos que haya recurrido al Legislativo, y es que aquí es donde se ven los blindajes más descarados y explícitos. Lo vemos con la fujimorista Yesenia Ponce, a quien el Pleno del Congreso sigue sin resolver su suspensión por mentir en su hoja de vida; y lo presenciamos con Richard Acuña –colega de bancada de Ríos–, a quien la Comisión de Levantamiento de Inmunidad lo salvó de quitarle ese beneficio para ser investigado por apropiación de terrenos en La Libertad. Solo por recordar dos casos.

Es lamentable que nuestros padres de la patria usen el Congreso como una armadura a la que la justicia le es difícil penetrar. Y lo hacen pese al profundo rechazo de la ciudadanía, que no es tonta y se da cuenta de ese aprovechamiento. Y lo ha hecho saber a través de las encuestas, en las que la desaprobación al Congreso es altísima. Algunos legisladores dicen que no pueden actuar porque Benicio Ríos sigue gozando de inmunidad. ¿Con qué otro cuento nos saldrán más adelante?

El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, fue claro al señalar que cuando una persona tiene una condena superior a los cuatro años de cárcel, “su destino debe ser un penal”. Es lo que corresponde.