Blanco de sospechas

En una sociedad indignada por vergonzosos audios que dan cuenta de la bajeza moral de magistrados, consejeros, políticos y empresarios, y que ponen al sistema de administración de justicia al borde del abismo, era el Ministerio Público, con Pablo Sánchez a la cabeza, uno de los pocos lugares que había logrado, por lo menos aparentemente, sortear el escollo y darnos esperanza de cierta reserva moral.

En tiempos de CNM-audios, sin embargo, la revelación de una conversación entre el sucesor de Sánchez, Pedro Chávarry, y el despreciable juez supremo César Hinostroza, en la que este último pide “favores” que el primero acepta diligentemente atender, no hace sino ahondar la crisis.

Más todavía si Chávarry –haciendo oídos sordos a una demanda ciudadana, compartida desde el presidente de la República hasta el ciudadano de a pie– se niega a someterse siquiera a una indagación y logra, ¡votando por él mismo!, que la Junta de Fiscales Supremos le dé luz verde para asumir el cargo.

El ahora flamante fiscal de la Nación ha sostenido que no hay nada irregular en su actuación. Pero sus palabras no van de la mano con sus acciones. Se ha autoblindado, y al hacerlo ha colocado a su institución en una posición incómoda que será blanco de la sospecha y la desconfianza precisamente en momentos que tiene a su cargo la investigación de casos emblemáticos de corrupción como Lava Jato.

Dudas que se acrecientan cuando Rosa Bartra, presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el mismo caso, anticipa que ya coordinó una reunión con el nuevo titular del Ministerio Público en la que buscaría recabar información de los avances en la investigación fiscal, trámite al que el antecesor Pablo Sánchez se resistió para garantizar la reserva de los procesos.

Posiblemente por esta “disposición” del nuevo fiscal de la Nación haya sido Bartra la primera, sino la única, que replicó los cuestionamientos a Chávarry en la etapa posterior a la difusión de sus audios con Hinostroza y haya sido otro fujimorista, Luis Galarreta, quien en su condición de presidente del Congreso avaló con su presencia la asunción al cargo del magistrado.

Malas señales a inicios de un proceso de reforma del sistema de justicia que exige el compromiso y desprendimiento de todos los involucrados y una identificación absoluta con los valores democráticos de una nación que avanza a tropezones a su bicentenario.