Santiago Pedraglio,Opina.21spedraglio@peru21.com
No es poca cosa, considerando que esta ciudad no se caracteriza por tener muchos espacios para el esparcimiento sin pago alguno.
Ocurre, sin embargo, que hay constructoras que abusan, municipios a los que les falta autoridad para impedirlo y un Poder Judicial que, a punta de aceptar acciones de amparo, apaña vivezas como un par de pisitos más solo porque "ya están construidos". El más reciente problema involucra, otra vez, al municipio de Barranco. El Concejo aprobó subastar 105 metros de terreno invadido por una constructora que levantó un edificio de 10 pisos al borde del acantilado. Además de apropiarse de terreno municipal, edificó cuatro sótanos que no son tales sino departamentos (eso se llama sacarles la vuelta a las normas: le pongo "sótano" porque así me salteo la prohibición de sobrepasar la altura autorizada).
Las irregularidades vienen de varias gestiones atrás. Pero acordar la subasta de un terreno para que la gane el usurpador (¿alguien más participará en esa "subasta pública"?) no es sino apelar a otra argucia legal, por más que, según sostengan algunos funcionarios, el acuerdo busque no perjudicar a los que compraron departamentos y evitarle al municipio un juicio que "seguramente perderá". Qué precedente tan nefasto. La construcción en los acantilados de la Costa Verde afecta el paisaje, acarrea problemas de seguridad e implica problemas legales. Bien hizo la Oficina de Registros Públicos en negar la independización a los departamentos de ese edificio levantado irregularmente. Ojalá las otras instancias legales tengan la autoridad necesaria para evitar la multiplicación de los abusos en una ciudad que debe ser concebida como un lugar que busque el bie-nestar para el mayor número posible de sus ciudadanos.
