Bandera blanca

El cálculo de las pérdidas que está dejando el paro indefinido contra el proyecto minero de Tía María en Islay ya registra 207 millones de dólares… y las cifras siguen corriendo, pues nada hace suponer que los levantiscos vayan a deponer en el corto plazo las piedras, antorchas y palos con que cada día salen a marchar y causar desórdenes.

Los perjuicios incluso se extienden al turismo en la región, en plena temporada alta, que es justo para lo que los comerciantes arequipeños de toda condición se preparan a lo largo del año y cuya merma, producto del clima de violencia, los especialistas cifran en alrededor del 30%. Es decir, un tercio menos de los visitantes que se esperaban para la fecha.

La protesta ayer incluso obligó al desvío de barcos del puerto de Matarani al de Ilo para que descarguen con seguridad sus contenedores y así evitar las vías bloqueadas.

El ofrecimiento presidencial –tras su viaje a Arequipa para dialogar con dirigentes comunales y autoridades regionales– de “revisar” la licencia de operaciones recientemente otorgada a la Southern Peru Copper Corporation y de “actualizar” la Ley General de Minería, aparte de alarmar al empresariado, no parece haber aquietado significativamente los ímpetus del gobernador Élmer Cáceres y su hueste antiminera, al menos no por mucho tiempo.

Y es que, en realidad, bien podría suceder todo lo contrario. La propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones generales para 2020 tendría que haber hecho reflexionar a los huelguistas, ya que con ello queda claro que es muy probable que no será el actual gobierno el que resuelva sus exigencias, sino el que venga después, sea cual sea su sino.

Dado el nuevo, incierto escenario político que se despunta en el horizonte, levantar la medida de fuerza sería lo más sensato y realista. Cualquier otro rumbo que elijan los líderes arequipeños de esa protesta será una nueva demostración de que lo suyo es demagogia de la peor especie.