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Santiago Pedraglio,Opina.21Más de 50 acusados, en su mayoría indígenas, están siendo enjuiciados por los aciagos hechos que significaron la muerte de 33 personas hace cinco años en Bagua. Ningún responsable político ha sido procesado. Ni Alan García, presidente de ese entonces, ni ningún otro alto funcionario. Nadie ha sido responsabilizado por la provocación política de expedir decretos que afectaban a comunidades nativas, que desoían el Convenio 169 de la OIT, en el marco de la implementación del TLC con EE.UU.

El gobierno usó argumentos falsos y satanizó una movilización de indígenas en defensa de su territorio. La movilización se mantuvo activa varias semanas, sin agresiones, y hubo un esfuerzo real de los involucrados para controlar la tensión. Guido Lombardi, presidente de la comisión del Congreso que investigó los hechos, afirma que incluso se conocía la voluntad de los movilizados de retirarse precisamente ese día, el 5 de junio. Es más, asegura tener la impresión de que se quiso impedir un retiro pacífico, para procurar un escarmiento (ver documental La espera. Historia del Baguazo). Mientras tanto, con Santiago Manuin, del pueblo Awajún Wampis, y otros seis dirigentes se está cometiendo un atropello al pedir que se les condene a cadena perpetua por ser "autores intelectuales" de la confrontación. Manuin, que estuvo siempre por un paro pacífico, ha escrito: "Yo fui herido 6 a.m., a una distancia de 500 m de la carretera, fui retirado por mis compañeros. En ese momento no había ningún periodista, solamente manifestantes, policías, tanquetas, un helicóptero sobrevolando y disparando. ¿Cómo es posible que el fiscal me acuse sin tener pruebas y sin conocer mi historia?". Se debe sancionar a quienes corresponda por la muerte de los policías de la Estación 6, sin duda, pero ¿por qué el Poder Judicial se empeña en encubrir a los responsables políticos y se ensaña con los dirigentes amazónicos?