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Santiago Pedraglio,Opina.21El editorial de El Comercio "Los otros actores del baguazo" (11.6.2014) afirma que hubo instituciones que promovieron "insidiosas mentiras que permitieron que las cosas escalaran al nivel de beligerancia que desembocó en la matanza".

El Comercio menciona a Aidesep y a "varias ONG". Esto no es novedad. Llama la atención, sí, que acuse a la Defensoría del Pueblo de haber sido parte de una comparsa de mentiras. Le imputa incluso haber leído mal una ley, ignorando que un inciso que afirman que era parte del D. Leg 1090 desde su promulgación, era una rectificación del Congreso a insistencia de la Defensoría. En Bagua la Defensoría mantuvo una actitud propositiva; es más: desde 15 meses antes alertó sobre la situación al Ejecutivo.

Los dirigentes amazónicos y el exparlamentario Guido Lombardi afirman que el 4 de junio, un día antes del malamente llamado 'baguazo', los movilizados habían acordado retirarse. El trágico desenlace, que causó la muerte de 9 policías desarmados y la desaparición del mayor Felipe Bazán, habría sido evitable si la autoridad política se conducía con responsabilidad.

El D. Leg. 1090 fue derogado después de Bagua; y en el 2011 se aprobó la Ley Forestal que recogió demandas centrales de las movilizaciones del 2009, incluida la regulación de las plantaciones forestales. Ley que fue motivo, esta sí, de consulta previa, y aprobada por las comunidades, que hoy participan en la discusión de su reglamento.

La nota agravia también a las personas de los pueblos indígenas, al tratarlas como a ciudadanos fáciles de engañar, sin criterio ni experiencia. Y la silla que según El Comercio falta entre los acusados no solo es "enormemente importante" en términos simbólicos, sino también físicamente enorme; y no para albergar a los acusados por ese diario, sino a los responsables políticos y policiales que no respondieron ante las señales de alarma.