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Ayotzinapa es la localidad desde donde partió, hace un mes, una delegación de 43 estudiantes hacia la ciudad de Iguala, la tercera más importante del estado mexicano de Guerrero. El objetivo era unirse a una protesta en contra de las políticas públicas del alcalde de Iguala y su esposa, encargada del área de Bienestar Familiar.

Según la Fiscalía mexicana, los estudiantes fueron detenidos por la Policía y entregados a Guerreros Unidos, organización criminal asociada al narcotráfico. Esta mafia –bajo las órdenes de dichas autoridades, con quienes tienen negocios ilegales– 'desapareció' a los jóvenes. En su búsqueda se han encontrado nueve fosas comunes y más de 30 cadáveres que no corresponden a dichos estudiantes, sino a otros casos no denunciados. La definición de "autoritarismo subnacional", para referirse a la toma de las instituciones políticas por intereses particulares, queda corta cuando es el propio Estado el penetrado por poderes ilegales. Cuando la representación política, la administración pública, las fuerzas del orden y la misma justicia son controladas por mafias, el Estado de derecho colapsa e impera la impunidad.

Esta nueva realidad reta a la democracia. Ya no son dictaduras militares que oprimen a poblaciones con derechos disminuidos, sino ciudadanos desprotegidos ante criminales que han tomado –fragmentaria y crecientemente– el Estado. La ola de la "ilegalidad en la política" ha empezado a correr por América Latina (México, América Central, Colombia y Perú). Mostrar nuestra solidaridad con el caso significaría, en primer lugar, que nos importa, pero, sobre todo, expresaría un reclamo de prevención ante el agravamiento de la situación de inseguridad en nuestras regiones. ¿Qué esperamos para protestar?