Autoridad sin principios

Han transcurrido más de 20 días de este año y hasta el momento no se definen las colocaciones a las que irán los nuevos altos mandos policiales; entre tanto, un insólito tira y afloja entre el jefe de la Policía, Javier Gallardo, y el ministro del Interior, Avelino Guillén.

Sin embargo, es claro que quien tensa la cuerda es Gallardo, amigo de Pedro Castillo quien, al mismo estilo de Hugo Chávez en Petroperú, goza de toda su confianza. Tanto así que, como acude a Palacio un día sí y otro también, siente que se puede dar el lujo de saltarse al ministro. El poder policial o militar desafiando al poder civil es una figura inaceptable en una democracia.

El problema es que este envalentonamiento e insubordinación contra Guillén, con una evidente anuencia presidencial, lo estaría llevando a hacer lo que quiere con las unidades policiales más importantes, como son la Diviac, la Dircote y la Dirincri, desarmándolas y afectándolas seriamente al pretender remover a sus jefes y a sus mejores oficiales a otros estamentos, sin siquiera discutir o consensuar esos cambios con su comando en la PNP, como se le solicitó hace más de un mes, cuando estos enfrentamientos recién comenzaban.

El manoseo de los ascensos militares o policiales no es nuevo en el Perú, pero este gobierno parece decidido a convertir esta práctica en una grotesca trapichería con fines cada vez más sospechosos. De hecho, enviar a la detective de la Diviac, Arana Gonzáles, que investigaba los casos Luna Gálvez y Vacunagate, a dirigir el tránsito en Chiclayo resulta demasiado sospechoso.

Además, están los oficiales altamente especializados, con destacadas hojas de servicios, que serían reemplazados por otros con menores y discutibles calificaciones pero vastos antecedentes en el registro de visitas a los defenestrados Bruno Pacheco, exsecretario presidencial, y Walter Ayala, exministro de Defensa, ambos envueltos, justamente, en escándalos relacionados con los ascensos en las Fuerzas Armadas y la PNP.

Lo grave es que, mientras la inseguridad ciudadana continúa escalando, entramos ya a la semana final de enero y hasta hoy nadie sabe quién asumirá la jefatura policial de la Región Lima durante este 2022.

Otra vez el presidente Castillo –que mantiene a un jefe policial que se acomoda a sus deseos– empeorando y alargando una situación grave como la de la inseguridad. Un clamoroso exceso de oportunismo que le hace mucho daño al país.